En el transcurso de este martes, se dio a conocer la separación de tres funcionarias clave en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Esta noticia generó preocupación sobre la continuidad de esta iniciativa impulsada por la administración de Gabriel Boric, la cual tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en torno a la desaparición de las víctimas de la dictadura militar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la salida de estas tres jefaturas del proyecto y afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá adelante, aunque con personas cercanas al Gobierno. Durante una entrevista con el periodista Iván Valenzuela en T13 Radio, Rabat mencionó: “Una vez que hemos llegado al Ministerio, han ido cambiando distintas jefaturas. Nosotros hoy día tenemos una jefatura nueva en la división jurídica, judicial, de presupuesto, también en el área de reinserción porque se consideran casos de confianza. Ayer ocurrió lo propio con las personas que tenían a su cargo el Plan de Búsqueda”. El ministro reiteró que el desarrollo del Plan de Búsqueda no se detendrá: “El Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado. Con los mismos criterios”. Además, explicó que este plan está vinculado a causas judiciales. Rabat enfatizó la importancia de que los cargos sean ocupados por personas en quienes se pueda confiar, a pesar de que el proyecto siga su curso habitual. Este proyecto, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 2023, es una política pública permanente del Estado chileno cuyo propósito es dilucidar las circunstancias relacionadas con la desaparición y/o fallecimiento de las personas víctimas de desaparición forzada. Entre sus tres objetivos principales se encuentra “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero”. Para lograrlo, se llevará a cabo la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas; se avanzará en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial; y se ubicarán, recuperarán, identificarán y restituirán los restos mortales. Además, se busca garantizar el acceso a la información y participación de los familiares. Se fomentará su participación en los procesos de búsqueda y se rendirán cuentas públicas a la sociedad. Por último, se contempla implementar medidas reparadoras y asegurar que no vuelvan a cometerse crímenes relacionados con desapariciones forzadas. Para cumplir con este objetivo, se promoverá la memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos; se brindará apoyo a los familiares de las víctimas; y se desarrollarán acciones sociales para concienciar sobre esta problemática. Fuente: Publimetro
El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
En el transcurso de este martes, se dio a conocer la separación de tres funcionarias clave en el marco del Plan Nacional de Búsqueda. Esta noticia generó preocupación sobre la continuidad de esta iniciativa impulsada por la administración de Gabriel Boric, la cual tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en torno a la desaparición de las víctimas de la dictadura militar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la salida de estas tres jefaturas del proyecto y afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá adelante, aunque con personas cercanas al Gobierno. Durante una entrevista con el periodista Iván Valenzuela en T13 Radio, Rabat mencionó: “Una vez que hemos llegado al Ministerio, han ido cambiando distintas jefaturas. Nosotros hoy día tenemos una jefatura nueva en la división jurídica, judicial, de presupuesto, también en el área de reinserción porque se consideran casos de confianza. Ayer ocurrió lo propio con las personas que tenían a su cargo el Plan de Búsqueda”. El ministro reiteró que el desarrollo del Plan de Búsqueda no se detendrá: “El Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado. Con los mismos criterios”. Además, explicó que este plan está vinculado a causas judiciales. Rabat enfatizó la importancia de que los cargos sean ocupados por personas en quienes se pueda confiar, a pesar de que el proyecto siga su curso habitual. Este proyecto, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 2023, es una política pública permanente del Estado chileno cuyo propósito es dilucidar las circunstancias relacionadas con la desaparición y/o fallecimiento de las personas víctimas de desaparición forzada. Entre sus tres objetivos principales se encuentra “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero”. Para lograrlo, se llevará a cabo la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas; se avanzará en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial; y se ubicarán, recuperarán, identificarán y restituirán los restos mortales. Además, se busca garantizar el acceso a la información y participación de los familiares. Se fomentará su participación en los procesos de búsqueda y se rendirán cuentas públicas a la sociedad. Por último, se contempla implementar medidas reparadoras y asegurar que no vuelvan a cometerse crímenes relacionados con desapariciones forzadas. Para cumplir con este objetivo, se promoverá la memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos; se brindará apoyo a los familiares de las víctimas; y se desarrollarán acciones sociales para concienciar sobre esta problemática. Fuente: Publimetro
El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
