El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
En la noche del 11 de septiembre, se registraron diversos disturbios y enfrentamientos en algunos sectores de Santiago. Esto en el marco de la conmemoración del golpe de Estado de 1973, instancia que dejó 2 funcionarios de carabineros heridos. Uno de los hechos más violentos se registró en las inmediaciones de la 54ª comisaría de Huechuraba, donde un funcionario, que formaba parte del resguardo policial, sufrió un piedrazo en la cara, con pérdida de una pieza dental. Mientras que en Peñalolén, otro uniformado fue mordido por un perro en medio de la detención de un hombre que estaba provocando desórdenes. Los familiares de este sujeto habrían actuado soltando a la mascota para que atacara al policía. Tras los ataques, ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital de Carabineros, donde recibieron la visita del general director de Carabineros, Marcelo Araya. “Uno de los pacientes llegó con una fractura de una pieza dental, más una lesión contuso cortante del labio inferior. Se encuentra estable y esperamos una total y la mejor recuperación”, detalló el general Germán Cavieres, director de Sanidad del establecimiento médico. “El otro paciente tiene una herida por mordedura de perro, en la extremidad inferior izquierda, pero está siendo tratado y se encuentra estable, agregó. Los desmanes por la conmemoración del 11 de septiembre también se registraron en comunas como Cerro Navia, San Bernardo, Huechuraba, entre otros. En tanto, desde Carabineros expresaron su preocupación por el “grado de violencia que se da en este tipo de situaciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
José Octavio Zara Holger, exintegrante del departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), se encuentra en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar del Ejército en Peñalolén, luego que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, ordenara su detención por el crimen de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller chileno, Orlando Letelier, quienes murieron en un atentado explosivo el 21 de septiembre de 1976 en Washington, Estados Unidos. El exbrigadier de Ejército, de 82 años, había dejado el penal de Punta Peuco la madrugada del pasado martes, luego de cumplir una condena de 15 años de presidio por el atentado explosivo que causó la muerte del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofia Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. José Zara solo alcanzó a estar un par de horas en libertad debido a que el ministro Aguilar pidió su prisión preventiva como procesado en el homicidio de Ronnie Moffitt, tras ser detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). José Zara fue comando y paracaidista del Ejército y jefe de la DINA en Buenos Aires, donde además era el contacto con el Servicio de Inteligencia Militar de Uruguay. En la capital trasandina, fue parte del comando terrorista que asesinó al general Prats y su esposa. Zara fue alumno de la Escuela de las Américas al igual que los militares Miguel Krassnoff, Alfredo Canales Taricco, Christoph Willeke Flöel, Carlos Parera y otros implicados en procesos de violaciones a los derechos humanos. 1988, previo al plebiscito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet, José Zara ofreció al dictador los corvos acerados de sus hombres para mantenerlo en el poder. El exDINA fue condenado el 8 de julio de 2010 por la Corte Suprema junto a otros seis militares y dos civiles, por su participación en la planificación y ejecución del crimen del excomandante en jefe del Ejército en Buenos Aires, señalando que se le había “condenado exclusivamente por presunciones de la Justicia, no hay nada concreto en mi contra, pero confío que la verdad se dé a conocer en algún instante”. De igual forma, criticó a quien era en ese momento comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, asegurando que “todavía no ha tenido la hombría de contestar lo que yo le dije que cumpliera como hombre”, mientras era llevado a Punta Peuco para cumplir la pena de 15 años y un día de prisión. Los únicos condenados en Chile por el atentado a Orlando Letelier son el exjefe de la DINA, Manuel Contreras y exbrigadier de Ejército Pedro Espinoza. Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se querelló en contra de todos quienes resultan responsables del crimen de la secretaria del excanciller, Ronnie Moffitt. La investigación determinó que el crimen fue cometido por agentes del “Departamento DINA exterior, integrado por un grupo abocado al conocimiento internacional y otro operativo”, siendo procesados Raúl Iturriaga, José Zara, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Michael Townley. Fuente: Publimetro
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó y cuestionó al profesor que se hizo viral tras gritonear duramente a un estudiante que “defendió” a Augusto Pinochet, apoyando además que el sostenedor del establecimiento haya separado al docente de sus funciones. En ese sentido, el ministro Cataldo indicó que “parece que la actuación del sostenedor, en este caso la Municipalidad de Limache, es la que corresponde. No existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante. En tanto, al referirse puntualmente a lo ocurrido cuando el profesor gritó en la sala de clases reprochando al estudiante, el ministro de Educación indicó que “me parece también que, incluso, frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico, educativo, es otra”. Como profesor de Historia, Nicolás Cataldo reconoció que “los procesos de enseñanza tienen estas complejidades”, agregando eso sí que “lo relevante es cómo nos relacionamos entre nosotros y cuál es el rol que le corresponde al adulto formador”. El profesor fue separado de sus funciones en la sala de clases, luego que se viralizara el registro donde se escucha al docente reprender a un alumno que, según su testimonio, habría emitido comentarios en defensa del dictador Augusto Pinochet. “Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet”, se le oye decir antes de ser interrumpido por una alumna que quiso defender a su compañero. Visiblemente molesto, el profesor reacciona gritando; “¡Cállate, cállate te dije!”. Ante el altercado, otros estudiantes intentan intervenir, lo que genera una nueva reacción del docente: “No estoy hablando contigo, también te callas. Cállate, no te metas, el asunto no es contigo”. La alumna que fue increpada intenta explicar su postura: “Yo acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, en ningún momento dije que no”. Sin embargo, el profesor continúa exigiendo silencio. “Cállense los dos. ¿Por qué siguen hablando?”, se le escucha decir. La situación generó revuelo en la comunidad educativa y rápidamente fue abordada por el municipio. El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó que se activaron los protocolos institucionales y que el profesor fue apartado de sus labores de forma inmediata. Fuente: Publimetro
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
El 13° Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado una importante decisión en favor de un hombre que sufrió detención y torturas a manos de agentes del Estado durante los años 1973 y 1985, en plena dictadura militar en Chile. Este hombre, de 84 años, presentó una demanda contra el Fisco de Chile solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos. Ha sido reconocido por el Estado como víctima de prisión política y tortura. La Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”, fue la encargada de determinar este reconocimiento, según lo establecido en el fallo. El hombre fue detenido en tres ocasiones, dos de ellas en 1973, donde estuvo recluido en la Comisaría de Renca durante 10 días en octubre y nuevamente en diciembre. Además, en 1985, durante el aniversario del Golpe de Estado, fue detenido por Carabineros y trasladado a distintas comisarías en Santiago. A estos hechos se suma que su esposa también fue detenida en 1973 durante 6 días con el objetivo de obtener información sobre él, lo que generó amenazas y daño psicológico según lo detallado en el fallo. Ante estos acontecimientos, la magistrada María Eugenia Silva Pacheco rechazó las excepciones presentadas por la parte demandada, afirmando que el actor está incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto respalda la convicción de la magistrada sobre los daños físicos y psicológicos sufridos por el demandante a manos del Estado. En relación con la responsabilidad del Estado, se establece que esta queda claramente demostrada debido a los actos ilícitos cometidos por funcionarios estatales que resultaron en la detención y tortura del demandante. La resolución destaca la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada caso para evaluar el sufrimiento padecido. Finalmente, se determina que debido a la gravedad de los hechos y al daño moral causado al actor, se fija una indemnización de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) como compensación justa por los actos sufridos. Fuente: Publimetro
En la noche del 11 de septiembre, se registraron diversos disturbios y enfrentamientos en algunos sectores de Santiago. Esto en el marco de la conmemoración del golpe de Estado de 1973, instancia que dejó 2 funcionarios de carabineros heridos. Uno de los hechos más violentos se registró en las inmediaciones de la 54ª comisaría de Huechuraba, donde un funcionario, que formaba parte del resguardo policial, sufrió un piedrazo en la cara, con pérdida de una pieza dental. Mientras que en Peñalolén, otro uniformado fue mordido por un perro en medio de la detención de un hombre que estaba provocando desórdenes. Los familiares de este sujeto habrían actuado soltando a la mascota para que atacara al policía. Tras los ataques, ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital de Carabineros, donde recibieron la visita del general director de Carabineros, Marcelo Araya. “Uno de los pacientes llegó con una fractura de una pieza dental, más una lesión contuso cortante del labio inferior. Se encuentra estable y esperamos una total y la mejor recuperación”, detalló el general Germán Cavieres, director de Sanidad del establecimiento médico. “El otro paciente tiene una herida por mordedura de perro, en la extremidad inferior izquierda, pero está siendo tratado y se encuentra estable, agregó. Los desmanes por la conmemoración del 11 de septiembre también se registraron en comunas como Cerro Navia, San Bernardo, Huechuraba, entre otros. En tanto, desde Carabineros expresaron su preocupación por el “grado de violencia que se da en este tipo de situaciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
José Octavio Zara Holger, exintegrante del departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), se encuentra en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar del Ejército en Peñalolén, luego que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, ordenara su detención por el crimen de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller chileno, Orlando Letelier, quienes murieron en un atentado explosivo el 21 de septiembre de 1976 en Washington, Estados Unidos. El exbrigadier de Ejército, de 82 años, había dejado el penal de Punta Peuco la madrugada del pasado martes, luego de cumplir una condena de 15 años de presidio por el atentado explosivo que causó la muerte del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofia Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. José Zara solo alcanzó a estar un par de horas en libertad debido a que el ministro Aguilar pidió su prisión preventiva como procesado en el homicidio de Ronnie Moffitt, tras ser detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). José Zara fue comando y paracaidista del Ejército y jefe de la DINA en Buenos Aires, donde además era el contacto con el Servicio de Inteligencia Militar de Uruguay. En la capital trasandina, fue parte del comando terrorista que asesinó al general Prats y su esposa. Zara fue alumno de la Escuela de las Américas al igual que los militares Miguel Krassnoff, Alfredo Canales Taricco, Christoph Willeke Flöel, Carlos Parera y otros implicados en procesos de violaciones a los derechos humanos. 1988, previo al plebiscito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet, José Zara ofreció al dictador los corvos acerados de sus hombres para mantenerlo en el poder. El exDINA fue condenado el 8 de julio de 2010 por la Corte Suprema junto a otros seis militares y dos civiles, por su participación en la planificación y ejecución del crimen del excomandante en jefe del Ejército en Buenos Aires, señalando que se le había “condenado exclusivamente por presunciones de la Justicia, no hay nada concreto en mi contra, pero confío que la verdad se dé a conocer en algún instante”. De igual forma, criticó a quien era en ese momento comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, asegurando que “todavía no ha tenido la hombría de contestar lo que yo le dije que cumpliera como hombre”, mientras era llevado a Punta Peuco para cumplir la pena de 15 años y un día de prisión. Los únicos condenados en Chile por el atentado a Orlando Letelier son el exjefe de la DINA, Manuel Contreras y exbrigadier de Ejército Pedro Espinoza. Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se querelló en contra de todos quienes resultan responsables del crimen de la secretaria del excanciller, Ronnie Moffitt. La investigación determinó que el crimen fue cometido por agentes del “Departamento DINA exterior, integrado por un grupo abocado al conocimiento internacional y otro operativo”, siendo procesados Raúl Iturriaga, José Zara, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Michael Townley. Fuente: Publimetro
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó y cuestionó al profesor que se hizo viral tras gritonear duramente a un estudiante que “defendió” a Augusto Pinochet, apoyando además que el sostenedor del establecimiento haya separado al docente de sus funciones. En ese sentido, el ministro Cataldo indicó que “parece que la actuación del sostenedor, en este caso la Municipalidad de Limache, es la que corresponde. No existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante. En tanto, al referirse puntualmente a lo ocurrido cuando el profesor gritó en la sala de clases reprochando al estudiante, el ministro de Educación indicó que “me parece también que, incluso, frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico, educativo, es otra”. Como profesor de Historia, Nicolás Cataldo reconoció que “los procesos de enseñanza tienen estas complejidades”, agregando eso sí que “lo relevante es cómo nos relacionamos entre nosotros y cuál es el rol que le corresponde al adulto formador”. El profesor fue separado de sus funciones en la sala de clases, luego que se viralizara el registro donde se escucha al docente reprender a un alumno que, según su testimonio, habría emitido comentarios en defensa del dictador Augusto Pinochet. “Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet”, se le oye decir antes de ser interrumpido por una alumna que quiso defender a su compañero. Visiblemente molesto, el profesor reacciona gritando; “¡Cállate, cállate te dije!”. Ante el altercado, otros estudiantes intentan intervenir, lo que genera una nueva reacción del docente: “No estoy hablando contigo, también te callas. Cállate, no te metas, el asunto no es contigo”. La alumna que fue increpada intenta explicar su postura: “Yo acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, en ningún momento dije que no”. Sin embargo, el profesor continúa exigiendo silencio. “Cállense los dos. ¿Por qué siguen hablando?”, se le escucha decir. La situación generó revuelo en la comunidad educativa y rápidamente fue abordada por el municipio. El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó que se activaron los protocolos institucionales y que el profesor fue apartado de sus labores de forma inmediata. Fuente: Publimetro
En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin, se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados. (EFE).— Las autoridades del Gobierno firmaron este lunes el decreto de expropiación de la ex Colonia Dignidad, terreno en el que se emplazó un centro de detención, tortura y exterminio bajo el mando del pederasta alemán, Paul Schäfer, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que será transformado en un centro de memoria histórica. En total, 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016, pasarán a manos del Estado en una operación que el Ejecutivo espera concluir antes del 11 de marzo próximo, cuando deje La Moneda. “Estas son políticas de Estado (…) tener sitios de memoria que nos permitan decir muy claro y fuerte a toda la ciudadanía: estas cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país y no pueden volver a ocurrir tampoco en la humanidad. Es algo que nos parece que debiera darse continuidad bajo cualquier perspectiva”, dijo el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Además del titular de Justicia, firmaron el decreto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, todos a cargo de impulsar las coordinaciones institucionales necesarias para la expropiación. “Esto no es solo un acto político, sino que es también un acto de gran implicancia humana para bastante gente que, todavía, en muchos casos, están detenidos y desaparecidos. Es un proceso muy importante para cambiar la historia de Chile en materia de la existencia de un lugar donde existía represión”, señaló Montes. “Los sitios de memoria son los instrumentos a través de los cuales la sociedad y el Estad o se recuerdan a sí mismos lo que allí ocurrió, y eso es tremendamente importante en el mundo actual, al menos en Chile, donde las barbaridades están a la orden del día”, subrayó por su parte Figueroa. Los actuales habitantes de Villa Baviera, nombre actual del asentamiento fundado en 1961, si bien “no se oponen” a la creación de un sitio de memoria, insisten en que el proceso está pasando “por encima” de su comunidad, siendo “nuevamente vulnerados como chilenos y víctimas”. “ Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron en un comunicado. “Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno (…) En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada ”, denunciaron. En el asentamiento alemán, que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se estima que más de 100 opositores al régimen fueron asesinados y que hoy en día aún siguen desaparecidas. Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión del país después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes. Fuente: CNN Chile País
