La región de Antofagasta experimentó un notable aumento en los trámites de certificación de discapacidad durante el año 2024, con un total de 5.366 solicitudes procesadas. Este incremento representa un impresionante 81% más que en 2022 y un 28,5% respecto al año anterior, según datos proporcionados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), entidad perteneciente a la Seremi de Salud. La información fue adelantada por la seremi (s) de Salud, Leonor Castillo, antes de la Cuenta Pública programada para el próximo jueves 10 de julio. Castillo explicó que este crecimiento significativo se debe en gran medida a la mayor conciencia por parte de la población sobre los beneficios que otorga el carné de discapacidad. En 2022 se registraron 2.955 trámites, cifra que aumentó a 4.176 en 2023 y culminó en las 5.366 solicitudes del año pasado. La calidad del proceso está respaldada por la Norma ISO 9001:2015. La certificación de discapacidad es un procedimiento médico-administrativo crucial que determina la presencia de una condición de salud que limita las actividades diarias y la participación social de una persona. Tras una evaluación realizada por la Compin, se emite una Certificación y Resolución de Discapacidad, documentos fundamentales para la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y la obtención de la credencial, labores a cargo del Registro Civil. Entre los múltiples beneficios a los que acceden las personas con discapacidad inscritas en el registro se encuentran ayudas técnicas, fondos concursables, becas del Mineduc, uso exclusivo de estacionamientos, rebajas arancelarias para importación de vehículos y postulación a subsidios habitacionales. La autoridad resaltó un creciente interés por realizar este trámite de forma virtual a través de las plataformas www.compin.cerofilas.gob.cl o www.milicenciamedica.cl, aunque aún está disponible la modalidad presencial. El proceso de evaluación incluye la entrega y revisión de antecedentes, una entrevista y una evaluación de la situación de discapacidad, culminando con la Resolución de Discapacidad en un plazo máximo de 25 días hábiles, como lo establece la Ley 20.422. Un factor adicional que ha contribuido a este aumento es el creciente interés por parte de las empresas, impulsado por la Ley de Inclusión Laboral 21.015, que desde 2024 exige a las compañías incorporar al menos un 2% de trabajadores con discapacidad acreditada en sus plantillas. Esto fomenta la búsqueda de estas certificaciones no solo por parte de los individuos, sino también desde el sector corporativo. Fuente: Antofagasta TV Regional
La emprendedora chilena Fernanda Arenas es la creadora de Full Life, un innovador producto que busca facilitar la intimidad y autonomía de personas con movilidad reducida en el país. Se trata de una silla que busca romper tabúes y restituir la dignidad sexual de las personas en situación de discapacidad. El invento se convirtió en la primera silla de asistencia sexual fabricada en Chile y ha recibido una gran recepción de su público. El nacimiento de Full Life Según relató su creadora, la idea de la silla surgió tras una experiencia personal : “Un amigo me pidió importar un producto que le ayudaría a tener relaciones sexuales”. Tras esto, explicó que “cuando lo vi, pensé ‘¡qué buena idea!’, pero también supe que podíamos crear algo mucho mejor, más digno y funcional. Ahí comenzó todo”. De igual manera, pesa a la positiva recepción, Arenas explicó que “nos han aplaudido, pero también nos han llamado pervertidos”. “La sexualidad sigue siendo un tabú cuando hablamos de discapacidad. Pero eso es precisamente lo que queremos cambiar ”, aseguró. En esa línea, la creadora defendió que “cuando negamos la sexualidad, estamos negando mucho más que el placer: Estamos negando identidad, autoestima y humanidad. La silla no impone intimidad, la habilita. No reemplaza el deseo, lo habilita”.
La presentación reciente del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ha generado preocupación debido a la ausencia de medidas concretas en accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Este proyecto, que implica una inversión estimada de 4.000 millones de dólares e incluye una tercera pista, un nuevo terminal de pasajeros y mejoras en accesos viales, ha sido cuestionado por organizaciones y parlamentarios. La diputada Carla Morales (RN) ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que informe detalladamente sobre las medidas de accesibilidad que se incluirán en el proyecto. El documento requiere información sobre los criterios utilizados en el diseño, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la señalética inclusiva, la accesibilidad digital, la inclusión laboral y los protocolos de evacuación adaptados, entre otros aspectos. “La inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura”, afirmó Morales. Por otro lado, la parlamentaria Catalina del Real (Rep) enfatizó que “la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto. Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile”. Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, advirtió que “no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley. Este mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, y también eliminar las brechas de acceso a la información, como la falta de comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, como también la información para las personas con discapacidad visual”. Fuente: Publimetro
Las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (Partido Republicano), integrantes de la Comisión de Discapacidad, presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric modificar el Decreto Supremo N° 369 de 2017. Este reglamento regula la asistencia a personas con movilidad reducida en aeropuertos, pero ha generado críticas por la fragmentación de responsabilidades entre concesionarios y aerolíneas, lo que ha derivado en graves deficiencias en la atención. La iniciativa propone que toda la asistencia en tierra recaiga exclusivamente en los concesionarios aeroportuarios. Según las congresistas, este cambio permitiría unificar protocolos, garantizar un trato igualitario y mejorar la experiencia de los pasajeros que requieren apoyo especial. Además, resaltaron que la actual división de responsabilidades ha ocasionado que personas con movilidad reducida enfrenten largos periodos de espera sin ayuda, incluso en condiciones inseguras. “Es inaceptable que pasajeros con necesidades específicas sean expuestos a situaciones indignas. La falta de coordinación entre aerolíneas y concesionarios afecta directamente su derecho a una movilidad plena y sin obstáculos”, declaró la diputada Carla Morales, quien subrayó que este problema trasciende la logística y se convierte en un asunto de derechos humanos. Las parlamentarias argumentaron que centralizar las responsabilidades en los concesionarios mejoraría significativamente la fiscalización y establecería estándares claros de calidad. Esto no solo permitiría una atención más profesional, sino que evitaría la confusión actual generada por modelos operativos diferentes en cada aerolínea. Por su parte, la legisladora Catalina del Real enfatizó que esta propuesta busca garantizar que ningún pasajero quede desprotegido durante su tránsito en los aeropuertos. “No se trata solo de cumplir una norma, sino de avanzar hacia un sistema de transporte inclusivo que respete la dignidad de todos. Debemos actuar con urgencia para eliminar las brechas de atención y construir un servicio más justo y eficiente”, añadió del Real. FCHD y necesidad de mejorar estándares de accesibilidad en aeropuertos El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, valoró la iniciativa parlamentaria orientada a mejorar las condiciones de asistencia para personas en situación de discapacidad en los aeropuertos, señalando que el sistema actual presenta graves falencias que deben ser abordadas con urgencia. “Es valorable la iniciativa que presentan las parlamentarias, en tanto hoy, además de todo lo que conocemos respecto de las falencias del sistema de apoyo en el aeropuerto, ocurren situaciones irrespetuosas, como la obligación de que el pasajero en situación de discapacidad sea fotografiado por quien lo asiste, a solicitud del concesionario, para verificar que efectivamente se prestó la asistencia”, afirmó Poblete. Matías Poblete cuestionó la falta de claridad respecto al destino y uso de estas imágenes, destacando la ausencia de información previa a los pasajeros sobre este procedimiento. “Nadie sabe qué se hace específicamente con esas imágenes, y tampoco uno previamente es informado de que tendrán que sacarle una fotografía”, cerró. Fuente: Publimetro
La región de Antofagasta experimentó un notable aumento en los trámites de certificación de discapacidad durante el año 2024, con un total de 5.366 solicitudes procesadas. Este incremento representa un impresionante 81% más que en 2022 y un 28,5% respecto al año anterior, según datos proporcionados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), entidad perteneciente a la Seremi de Salud. La información fue adelantada por la seremi (s) de Salud, Leonor Castillo, antes de la Cuenta Pública programada para el próximo jueves 10 de julio. Castillo explicó que este crecimiento significativo se debe en gran medida a la mayor conciencia por parte de la población sobre los beneficios que otorga el carné de discapacidad. En 2022 se registraron 2.955 trámites, cifra que aumentó a 4.176 en 2023 y culminó en las 5.366 solicitudes del año pasado. La calidad del proceso está respaldada por la Norma ISO 9001:2015. La certificación de discapacidad es un procedimiento médico-administrativo crucial que determina la presencia de una condición de salud que limita las actividades diarias y la participación social de una persona. Tras una evaluación realizada por la Compin, se emite una Certificación y Resolución de Discapacidad, documentos fundamentales para la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y la obtención de la credencial, labores a cargo del Registro Civil. Entre los múltiples beneficios a los que acceden las personas con discapacidad inscritas en el registro se encuentran ayudas técnicas, fondos concursables, becas del Mineduc, uso exclusivo de estacionamientos, rebajas arancelarias para importación de vehículos y postulación a subsidios habitacionales. La autoridad resaltó un creciente interés por realizar este trámite de forma virtual a través de las plataformas www.compin.cerofilas.gob.cl o www.milicenciamedica.cl, aunque aún está disponible la modalidad presencial. El proceso de evaluación incluye la entrega y revisión de antecedentes, una entrevista y una evaluación de la situación de discapacidad, culminando con la Resolución de Discapacidad en un plazo máximo de 25 días hábiles, como lo establece la Ley 20.422. Un factor adicional que ha contribuido a este aumento es el creciente interés por parte de las empresas, impulsado por la Ley de Inclusión Laboral 21.015, que desde 2024 exige a las compañías incorporar al menos un 2% de trabajadores con discapacidad acreditada en sus plantillas. Esto fomenta la búsqueda de estas certificaciones no solo por parte de los individuos, sino también desde el sector corporativo. Fuente: Antofagasta TV Regional
La emprendedora chilena Fernanda Arenas es la creadora de Full Life, un innovador producto que busca facilitar la intimidad y autonomía de personas con movilidad reducida en el país. Se trata de una silla que busca romper tabúes y restituir la dignidad sexual de las personas en situación de discapacidad. El invento se convirtió en la primera silla de asistencia sexual fabricada en Chile y ha recibido una gran recepción de su público. El nacimiento de Full Life Según relató su creadora, la idea de la silla surgió tras una experiencia personal : “Un amigo me pidió importar un producto que le ayudaría a tener relaciones sexuales”. Tras esto, explicó que “cuando lo vi, pensé ‘¡qué buena idea!’, pero también supe que podíamos crear algo mucho mejor, más digno y funcional. Ahí comenzó todo”. De igual manera, pesa a la positiva recepción, Arenas explicó que “nos han aplaudido, pero también nos han llamado pervertidos”. “La sexualidad sigue siendo un tabú cuando hablamos de discapacidad. Pero eso es precisamente lo que queremos cambiar ”, aseguró. En esa línea, la creadora defendió que “cuando negamos la sexualidad, estamos negando mucho más que el placer: Estamos negando identidad, autoestima y humanidad. La silla no impone intimidad, la habilita. No reemplaza el deseo, lo habilita”.
La presentación reciente del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ha generado preocupación debido a la ausencia de medidas concretas en accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Este proyecto, que implica una inversión estimada de 4.000 millones de dólares e incluye una tercera pista, un nuevo terminal de pasajeros y mejoras en accesos viales, ha sido cuestionado por organizaciones y parlamentarios. La diputada Carla Morales (RN) ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que informe detalladamente sobre las medidas de accesibilidad que se incluirán en el proyecto. El documento requiere información sobre los criterios utilizados en el diseño, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la señalética inclusiva, la accesibilidad digital, la inclusión laboral y los protocolos de evacuación adaptados, entre otros aspectos. “La inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura”, afirmó Morales. Por otro lado, la parlamentaria Catalina del Real (Rep) enfatizó que “la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto. Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile”. Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, advirtió que “no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley. Este mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, y también eliminar las brechas de acceso a la información, como la falta de comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, como también la información para las personas con discapacidad visual”. Fuente: Publimetro
Las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (Partido Republicano), integrantes de la Comisión de Discapacidad, presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric modificar el Decreto Supremo N° 369 de 2017. Este reglamento regula la asistencia a personas con movilidad reducida en aeropuertos, pero ha generado críticas por la fragmentación de responsabilidades entre concesionarios y aerolíneas, lo que ha derivado en graves deficiencias en la atención. La iniciativa propone que toda la asistencia en tierra recaiga exclusivamente en los concesionarios aeroportuarios. Según las congresistas, este cambio permitiría unificar protocolos, garantizar un trato igualitario y mejorar la experiencia de los pasajeros que requieren apoyo especial. Además, resaltaron que la actual división de responsabilidades ha ocasionado que personas con movilidad reducida enfrenten largos periodos de espera sin ayuda, incluso en condiciones inseguras. “Es inaceptable que pasajeros con necesidades específicas sean expuestos a situaciones indignas. La falta de coordinación entre aerolíneas y concesionarios afecta directamente su derecho a una movilidad plena y sin obstáculos”, declaró la diputada Carla Morales, quien subrayó que este problema trasciende la logística y se convierte en un asunto de derechos humanos. Las parlamentarias argumentaron que centralizar las responsabilidades en los concesionarios mejoraría significativamente la fiscalización y establecería estándares claros de calidad. Esto no solo permitiría una atención más profesional, sino que evitaría la confusión actual generada por modelos operativos diferentes en cada aerolínea. Por su parte, la legisladora Catalina del Real enfatizó que esta propuesta busca garantizar que ningún pasajero quede desprotegido durante su tránsito en los aeropuertos. “No se trata solo de cumplir una norma, sino de avanzar hacia un sistema de transporte inclusivo que respete la dignidad de todos. Debemos actuar con urgencia para eliminar las brechas de atención y construir un servicio más justo y eficiente”, añadió del Real. FCHD y necesidad de mejorar estándares de accesibilidad en aeropuertos El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, valoró la iniciativa parlamentaria orientada a mejorar las condiciones de asistencia para personas en situación de discapacidad en los aeropuertos, señalando que el sistema actual presenta graves falencias que deben ser abordadas con urgencia. “Es valorable la iniciativa que presentan las parlamentarias, en tanto hoy, además de todo lo que conocemos respecto de las falencias del sistema de apoyo en el aeropuerto, ocurren situaciones irrespetuosas, como la obligación de que el pasajero en situación de discapacidad sea fotografiado por quien lo asiste, a solicitud del concesionario, para verificar que efectivamente se prestó la asistencia”, afirmó Poblete. Matías Poblete cuestionó la falta de claridad respecto al destino y uso de estas imágenes, destacando la ausencia de información previa a los pasajeros sobre este procedimiento. “Nadie sabe qué se hace específicamente con esas imágenes, y tampoco uno previamente es informado de que tendrán que sacarle una fotografía”, cerró. Fuente: Publimetro
