La presentación reciente del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ha generado preocupación debido a la ausencia de medidas concretas en accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Este proyecto, que implica una inversión estimada de 4.000 millones de dólares e incluye una tercera pista, un nuevo terminal de pasajeros y mejoras en accesos viales, ha sido cuestionado por organizaciones y parlamentarios. La diputada Carla Morales (RN) ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que informe detalladamente sobre las medidas de accesibilidad que se incluirán en el proyecto. El documento requiere información sobre los criterios utilizados en el diseño, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la señalética inclusiva, la accesibilidad digital, la inclusión laboral y los protocolos de evacuación adaptados, entre otros aspectos. “La inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura”, afirmó Morales. Por otro lado, la parlamentaria Catalina del Real (Rep) enfatizó que “la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto. Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile”. Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, advirtió que “no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley. Este mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, y también eliminar las brechas de acceso a la información, como la falta de comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, como también la información para las personas con discapacidad visual”. Fuente: Publimetro
Las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (Partido Republicano), integrantes de la Comisión de Discapacidad, presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric modificar el Decreto Supremo N° 369 de 2017. Este reglamento regula la asistencia a personas con movilidad reducida en aeropuertos, pero ha generado críticas por la fragmentación de responsabilidades entre concesionarios y aerolíneas, lo que ha derivado en graves deficiencias en la atención. La iniciativa propone que toda la asistencia en tierra recaiga exclusivamente en los concesionarios aeroportuarios. Según las congresistas, este cambio permitiría unificar protocolos, garantizar un trato igualitario y mejorar la experiencia de los pasajeros que requieren apoyo especial. Además, resaltaron que la actual división de responsabilidades ha ocasionado que personas con movilidad reducida enfrenten largos periodos de espera sin ayuda, incluso en condiciones inseguras. “Es inaceptable que pasajeros con necesidades específicas sean expuestos a situaciones indignas. La falta de coordinación entre aerolíneas y concesionarios afecta directamente su derecho a una movilidad plena y sin obstáculos”, declaró la diputada Carla Morales, quien subrayó que este problema trasciende la logística y se convierte en un asunto de derechos humanos. Las parlamentarias argumentaron que centralizar las responsabilidades en los concesionarios mejoraría significativamente la fiscalización y establecería estándares claros de calidad. Esto no solo permitiría una atención más profesional, sino que evitaría la confusión actual generada por modelos operativos diferentes en cada aerolínea. Por su parte, la legisladora Catalina del Real enfatizó que esta propuesta busca garantizar que ningún pasajero quede desprotegido durante su tránsito en los aeropuertos. “No se trata solo de cumplir una norma, sino de avanzar hacia un sistema de transporte inclusivo que respete la dignidad de todos. Debemos actuar con urgencia para eliminar las brechas de atención y construir un servicio más justo y eficiente”, añadió del Real. FCHD y necesidad de mejorar estándares de accesibilidad en aeropuertos El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, valoró la iniciativa parlamentaria orientada a mejorar las condiciones de asistencia para personas en situación de discapacidad en los aeropuertos, señalando que el sistema actual presenta graves falencias que deben ser abordadas con urgencia. “Es valorable la iniciativa que presentan las parlamentarias, en tanto hoy, además de todo lo que conocemos respecto de las falencias del sistema de apoyo en el aeropuerto, ocurren situaciones irrespetuosas, como la obligación de que el pasajero en situación de discapacidad sea fotografiado por quien lo asiste, a solicitud del concesionario, para verificar que efectivamente se prestó la asistencia”, afirmó Poblete. Matías Poblete cuestionó la falta de claridad respecto al destino y uso de estas imágenes, destacando la ausencia de información previa a los pasajeros sobre este procedimiento. “Nadie sabe qué se hace específicamente con esas imágenes, y tampoco uno previamente es informado de que tendrán que sacarle una fotografía”, cerró. Fuente: Publimetro
Orientado a menores de 18 años, el subsidio de discapacidad en Chile busca entregar a los sectores más vulnerables del país las herramientas, tanto económicas como en tratamientos médicos, para sostener parte del cuidado necesario para personas que sufran de discapacidades mentales, físicas y sensoriales severas. Un aporte monetario que a la fecha alcanza a los $107.148 por mes, y que es gestionado en el Instituto de Previsión Social (IPS) por mandato de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) , para aquella población que pertenezca al 60% más pobre en el país y que haya sido diagnosticada con alguna discapacidad total o parcial según se establece en decretos supremo y legislación vigente de los ministerios del Trabajo o Previsión Social, y de Salud. Monto en dinero que no está afecto a pago de impuestos, y que además provee a sus beneficiarios el acceso a una serie de prestaciones médicas y asistencia médica de carácter gratuito. ¿Pero quiénes pueden recibir este beneficio y qué documentos deben presentar? Según establece la SUCESO, todos aquellos menores de 18 años, que “presenten discapacidad mental o discapacidad física o sensorial severa”, podrán optar a este aporte estatal en el caso de cumplir al menos con cuatro requisitos. Ser menor de 18 años; Haber sido declarado con discapacidad mental o con discapacidad física o sensorial severa... Pertenecer “al 60% más pobre...” Tener residencia continua... Las entidades públicas designadas por ley para gestionar y entregar esta beneficio son el “Instituto de Previsión Social para la administración integral del subsidio”, y en otros casos, podrán “recibir solicitudes”, las “municipalidades con las que el IPS tenga convenio”. Fuente: Publimetro
La presentación reciente del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez ha generado preocupación debido a la ausencia de medidas concretas en accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad. Este proyecto, que implica una inversión estimada de 4.000 millones de dólares e incluye una tercera pista, un nuevo terminal de pasajeros y mejoras en accesos viales, ha sido cuestionado por organizaciones y parlamentarios. La diputada Carla Morales (RN) ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que informe detalladamente sobre las medidas de accesibilidad que se incluirán en el proyecto. El documento requiere información sobre los criterios utilizados en el diseño, la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la señalética inclusiva, la accesibilidad digital, la inclusión laboral y los protocolos de evacuación adaptados, entre otros aspectos. “La inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura”, afirmó Morales. Por otro lado, la parlamentaria Catalina del Real (Rep) enfatizó que “la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto. Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile”. Desde la sociedad civil, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, advirtió que “no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley. Este mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, y también eliminar las brechas de acceso a la información, como la falta de comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, como también la información para las personas con discapacidad visual”. Fuente: Publimetro
Las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (Partido Republicano), integrantes de la Comisión de Discapacidad, presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric modificar el Decreto Supremo N° 369 de 2017. Este reglamento regula la asistencia a personas con movilidad reducida en aeropuertos, pero ha generado críticas por la fragmentación de responsabilidades entre concesionarios y aerolíneas, lo que ha derivado en graves deficiencias en la atención. La iniciativa propone que toda la asistencia en tierra recaiga exclusivamente en los concesionarios aeroportuarios. Según las congresistas, este cambio permitiría unificar protocolos, garantizar un trato igualitario y mejorar la experiencia de los pasajeros que requieren apoyo especial. Además, resaltaron que la actual división de responsabilidades ha ocasionado que personas con movilidad reducida enfrenten largos periodos de espera sin ayuda, incluso en condiciones inseguras. “Es inaceptable que pasajeros con necesidades específicas sean expuestos a situaciones indignas. La falta de coordinación entre aerolíneas y concesionarios afecta directamente su derecho a una movilidad plena y sin obstáculos”, declaró la diputada Carla Morales, quien subrayó que este problema trasciende la logística y se convierte en un asunto de derechos humanos. Las parlamentarias argumentaron que centralizar las responsabilidades en los concesionarios mejoraría significativamente la fiscalización y establecería estándares claros de calidad. Esto no solo permitiría una atención más profesional, sino que evitaría la confusión actual generada por modelos operativos diferentes en cada aerolínea. Por su parte, la legisladora Catalina del Real enfatizó que esta propuesta busca garantizar que ningún pasajero quede desprotegido durante su tránsito en los aeropuertos. “No se trata solo de cumplir una norma, sino de avanzar hacia un sistema de transporte inclusivo que respete la dignidad de todos. Debemos actuar con urgencia para eliminar las brechas de atención y construir un servicio más justo y eficiente”, añadió del Real. FCHD y necesidad de mejorar estándares de accesibilidad en aeropuertos El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, valoró la iniciativa parlamentaria orientada a mejorar las condiciones de asistencia para personas en situación de discapacidad en los aeropuertos, señalando que el sistema actual presenta graves falencias que deben ser abordadas con urgencia. “Es valorable la iniciativa que presentan las parlamentarias, en tanto hoy, además de todo lo que conocemos respecto de las falencias del sistema de apoyo en el aeropuerto, ocurren situaciones irrespetuosas, como la obligación de que el pasajero en situación de discapacidad sea fotografiado por quien lo asiste, a solicitud del concesionario, para verificar que efectivamente se prestó la asistencia”, afirmó Poblete. Matías Poblete cuestionó la falta de claridad respecto al destino y uso de estas imágenes, destacando la ausencia de información previa a los pasajeros sobre este procedimiento. “Nadie sabe qué se hace específicamente con esas imágenes, y tampoco uno previamente es informado de que tendrán que sacarle una fotografía”, cerró. Fuente: Publimetro
Orientado a menores de 18 años, el subsidio de discapacidad en Chile busca entregar a los sectores más vulnerables del país las herramientas, tanto económicas como en tratamientos médicos, para sostener parte del cuidado necesario para personas que sufran de discapacidades mentales, físicas y sensoriales severas. Un aporte monetario que a la fecha alcanza a los $107.148 por mes, y que es gestionado en el Instituto de Previsión Social (IPS) por mandato de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) , para aquella población que pertenezca al 60% más pobre en el país y que haya sido diagnosticada con alguna discapacidad total o parcial según se establece en decretos supremo y legislación vigente de los ministerios del Trabajo o Previsión Social, y de Salud. Monto en dinero que no está afecto a pago de impuestos, y que además provee a sus beneficiarios el acceso a una serie de prestaciones médicas y asistencia médica de carácter gratuito. ¿Pero quiénes pueden recibir este beneficio y qué documentos deben presentar? Según establece la SUCESO, todos aquellos menores de 18 años, que “presenten discapacidad mental o discapacidad física o sensorial severa”, podrán optar a este aporte estatal en el caso de cumplir al menos con cuatro requisitos. Ser menor de 18 años; Haber sido declarado con discapacidad mental o con discapacidad física o sensorial severa... Pertenecer “al 60% más pobre...” Tener residencia continua... Las entidades públicas designadas por ley para gestionar y entregar esta beneficio son el “Instituto de Previsión Social para la administración integral del subsidio”, y en otros casos, podrán “recibir solicitudes”, las “municipalidades con las que el IPS tenga convenio”. Fuente: Publimetro
