Alcalde de Maipú quiere destituir a 52 funcionarios por viajar con licencia médica

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció una serie de acciones judiciales en contra de 52 funcionarios municipales que, según se constató, salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. El caso, que ha generado indignación en la administración comunal, fue revelado este martes durante una entrevista en CNN Chile Radio, donde la autoridad calificó los hechos como un “delito consumado”.

“Esto no resiste ningún tipo de análisis. Si se comprueba que salieron al extranjero usando licencia médica, a lo menos deben ser destituidos y además tener sanciones penales”, afirmó el jefe comunal, adelantando que se presentarán querellas ante la Fiscalía y se iniciaron sumarios administrativos.

Vodanovic sostuvo que no se trata de un hecho aislado, y recordó un caso anterior ocurrido en su gestión. “Lo denunciamos, fue destituido, y recibió condena por fraude al fisco y uso de documentación falsa”, dijo en alusión a un exdirector de Obras que también usó una licencia médica para salir del país.

La autoridad expresó su preocupación por la lentitud de los procesos administrativos, que, según indicó, podrían extenderse por más de un año debido a las dificultades para acceder a información clave de organismos como Extranjería o COMPIN. “Tenemos que encontrar mecanismos para actuar con rapidez. No puede ser que este tipo de acciones quede impune o se diluya en el tiempo. El Estado tiene que responder con fuerza”, manifestó.

En la conversación, Vodanovic también apuntó al actual estatuto administrativo como un factor que impide una respuesta más ágil y eficaz ante este tipo de conductas. Criticó los incentivos que permiten abusos reiterados en el uso de licencias médicas y llamó a una reforma profunda del marco legal que regula el empleo público.“Esto genera un manto de duda sobre todas las licencias médicas, sobre los recursos del Estado y sobre la probidad. No puede seguir ocurriendo”, sentenció.

Finalmente, el alcalde advirtió que este tipo de fraudes afecta directamente la confianza ciudadana en el aparato público y subrayó que “quienes creemos en un Estado más robusto tenemos que ser los primeros en defender su eficiencia y transparencia”.