Colegios clave en detección de delitos sexuales

En Chile, cada año se registran más de 40.000 denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En este contexto, el inicio del año escolar se convierte en un momento especialmente relevante para reforzar el rol protector de las comunidades educativas.

La magnitud del fenómeno trasciende las cifras nacionales. A nivel mundial, un análisis realizado en 2025 por el Institute for Health Metrics and Evaluation, centro de investigación de la Universidad de Washington, estimó que un 18,9% de las mujeres y un 14,8% de los hombres han sido víctimas de violencia sexual antes de los 18 años.

De acuerdo con los datos de Fundación Amparo y Justicia, las denuncias por estos delitos alcanzan sus niveles más altos en marzo y agosto, coincidiendo con el regreso a clases, y disminuyen entre diciembre y febrero. Esta tendencia confirma que los establecimientos educacionales suelen ser el primer espacio donde se detectan situaciones de abuso.

Docentes, equipos directivos y asistentes de la educación pasan gran parte del día con sus estudiantes y, con frecuencia, se transforman en figuras de confianza. Esa cercanía los sitúa en una posición fundamental ante una eventual develación de un delito sexual.

La psicóloga de Fundación Amparo y Justicia, Yohanna Douglas, enfatiza que lo primero es tener claridad sobre los límites del rol que cumplen los establecimientos educacionales.

“Es fundamental entender que los colegios no deben investigar. En Chile, la obtención de testimonios de niños, niñas y adolescentes en casos de delitos sexuales está regulada por la Ley de Entrevistas Videograbadas, que establece protocolos específicos para evitar la victimización secundaria y resguardar la calidad del relato”, explica.

La especialista advierte que una intervención inadecuada puede tener consecuencias relevantes en el proceso judicial.

“Formular preguntas insistentes o buscar detalles puede contaminar el relato de la víctima y afectar la investigación posterior. El rol del establecimiento es acoger, contener y activar los protocolos correspondientes, realizando la denuncia ante las autoridades competentes”.

Douglas agrega que la primera respuesta es clave para la protección del niño, niña o adolescente.

“Una respuesta adecuada no solo protege a la víctima, sino que también asegura su acceso a la justicia y facilita su conexión con redes de apoyo especializadas. La forma en que reaccionan los adultos puede marcar profundamente cómo ese niño o niña enfrenta el proceso”.

En ese sentido, subraya que el inicio del año escolar es una oportunidad para reforzar la preparación de las comunidades educativas.

“Capacitar a los equipos y revisar los protocolos internos no es solo una medida preventiva, es una responsabilidad ética y legal con la infancia y la adolescencia”.