Denuncian venta de falso jurel por cinco marcas

Una nueva denuncia ha sacudido al mercado de las conservas en Chile. El gremio de pescadores industriales del Biobío ha acusado a al menos cinco nuevas marcas de estar vendiendo "falso jurel", es decir, productos que en realidad serían caballa importada desde China.

De acuerdo con una investigación de Meganoticias, este problema no es nuevo. En 2025 ya se había detectado una situación similar con otras marcas, confirmada por análisis realizados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) y la autoridad sanitaria.

El sector pesquero señala que el principal inconveniente radica en la información proporcionada al consumidor. "Estamos nuevamente frente a una situación en que se comercializa un producto que dice ser jurel y que su contenido no coincide con el etiquetado", expresaron desde el gremio.

Según la denuncia, actualmente hay al menos 10 marcas involucradas en estas prácticas, considerando los casos detectados el año pasado y los nuevos antecedentes. Entre las nuevas marcas señaladas se encuentran Deyco, Misol, Esmeralda, De Reyes y San Remo.

La industria argumenta que esta práctica responde a una estrategia comercial relacionada con los costos de producción. Se trataría de aprovechar que la caballa es similar al jurel, utilizando su etiquetado para facilitar su venta. La caballa importada desde China tendría un costo considerablemente menor, lo que permitiría ofrecer precios más bajos en el mercado local.

Aunque ambos peces pueden parecer similares, existen diferencias relevantes. Sin embargo, expertos han indicado previamente que el consumo de caballa no representa un riesgo para la salud, ya que su valor nutricional es similar al del jurel.

Este caso vuelve a plantear dudas sobre la transparencia en la industria alimentaria, especialmente considerando la gran cantidad de conservas consumidas en el país. Según el gremio, de los aproximadamente 30 millones de tarros comercializados en Chile, una parte significativa podría estar involucrada en esta práctica, lo que destaca la necesidad de una mayor fiscalización sobre el etiquetado y la información proporcionada al consumidor.