Exdirector del Sermig investigado por tráfico de niños haitianos

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, se pronunció sobre las acusaciones de tráfico de niños haitianos hacia Chile, criticando el tono de la discusión pública y señalando a la administración actual liderada por Frank Sauerbaum.

En una entrevista con Tele13 Radio, Thayer instó a esperar los resultados de las investigaciones en curso antes de sacar conclusiones. “Es importante ordenar la discusión y enfocarse en lo realmente relevante. Hay que permitir que las investigaciones lleguen a su término”, expresó.

Además, destacó la falta de mesura en el abordaje del tema. “Tengo la impresión de que el debate no solo está desordenado, sino que también ha faltado templanza y racionalidad. Eso es preocupante, porque estamos frente a una situación extremadamente compleja que exige el máximo rigor y responsabilidad tanto en lo que se dice como en las decisiones que se adoptan”, afirmó.

En relación con las medidas tomadas durante su gestión, Thayer defendió el actuar del Servicio Nacional de Migraciones, diferenciando entre la revisión documental y las condiciones de los traslados de los menores.

Según explicó, el organismo analiza y verifica la documentación presentada por quienes solicitan permisos de residencia, así como detecta y denuncia fraudes. Afirmó que durante 2024 no hubo indicios de irregularidades en la documentación presentada.

Sin embargo, reconoció cuestionamientos sobre los protocolos de embarque en vuelos desde Haití, especialmente cuando grupos numerosos de niños viajaban con pocos adultos sin verificaciones adecuadas en origen.

Thayer advirtió que estas circunstancias podrían vulnerar los derechos de los menores e incluso dar lugar a investigaciones por posibles delitos. “Una cosa son los documentos presentados ante el Servicio Nacional de Migraciones y otra muy distinta es el traslado de los niños y las condiciones en que este se realizó”, enfatizó.

Finalmente, respaldó un memorándum emitido durante su gestión, argumentando que respondía a la confianza en la capacidad técnica del servicio para detectar inconsistencias o fraudes en solicitudes migratorias. Aseguró que estas instrucciones buscaban garantizar una evaluación adecuada de los antecedentes presentados por solicitantes.