Polémica resolución del SAG sobre semillas corrientes

Organizaciones sociales, indígenas y de huerteros urbanos están exigiendo la nulidad inmediata de un borrador del SAG que vulnera tratados internacionales de derechos humanos y campesinos. Este conflicto regulatorio, social y político en Chile ha surgido a raíz de la publicación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de una Propuesta de Resolución sobre Comercialización de Semilla Corriente. Grupos como Semillas Soberanas, el Colectivo Ecológico en Acción y la Escuela Reberde han denunciado esta iniciativa como una de las regulaciones más peligrosas contra la semilla campesina desde la Ley N.º 19.342.

Los denunciantes aseguran que, lejos de regular el mercado, el borrador despoja a los pueblos ancestrales, campesinos y huerteros urbanos de su derecho histórico a sembrar lo que consumen, entregando el control del patrimonio genético nacional a un monopolio corporativo.

En palabras contundentes de los firmantes: “Esto no es consulta ciudadana. Es el deseo de ANPROS, Syngenta, Bayer y Monsanto. El texto tiene su letra, su sello y su ambición: privatizar la vida para su conveniencia y usufructo desmedido”.

La declaración detalla cómo el borrador del SAG altera las prácticas agrícolas tradicionales que han existido por siglos. Destaca el valor técnico insustituible de la semilla nativa, resaltando su adaptabilidad natural a condiciones extremas y su capacidad para resistir patógenos sin necesidad de agroquímicos comerciales.

Además, se advierte que si se pierde esta soberanía alimentaria, el plato de los chilenos se llenará de alimentos vacíos de nutrientes y dependientes de pesticidas altamente nocivos para la salud.

Para respaldar sus argumentos, los movimientos sociales recuerdan dos experiencias internacionales desastrosas. En Colombia, tras aplicar una resolución similar a la propuesta del SAG, se confiscaron toneladas de cosechas a campesinos locales por reservar semillas propias. En Francia, regulaciones estrictas llevaron a una pérdida alarmante de biodiversidad y dependencia total hacia transnacionales químicas.

Un punto clave en la denuncia es el intento de evasión democrática por parte del SAG al imponer normas sin pasar por el Congreso. Las organizaciones piden desobediencia civil huertera si la norma es aprobada y exigen la nulidad inmediata del borrador por ser ilegal y violar derechos humanos e indígenas.

Finalmente, hacen un llamado urgente a Diputados y Senadores para detener esta vulneración administrativa. Una miembro del equipo de Semilla Soberana compartió un video en Instagram explicando detalladamente la propuesta del SAG y por qué están pidiendo que no avance dicha propuesta.

Puedes ver el video aquí.