Violación causa 80% de abortos en niñas y adolescentes

La Defensoría de la Niñez ha presentado la Nota Técnica N°6 titulada “Interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes: análisis al procedimiento con enfoque de derechos” a través de un webinar abierto al público. Este informe, elaborado con información administrativa de entidades estatales y la colaboración de diversos actores sociales, académicos e institucionales, examina la implementación de la Ley N°21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, centrándose en niñas y adolescentes.

El análisis se enfoca en evaluar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en todas las etapas del procedimiento, considerando aspectos como disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad. A pesar de más de ocho años desde la entrada en vigor de esta normativa, la Defensoría destaca que existen importantes deficiencias en su implementación, especialmente en casos relacionados con la causal de violación.

“Esperamos que con este documento y su divulgación podamos contribuir para que la implementación de esta garantía implique para niñas y adolescentes un proceso respetuoso de su dignidad, bien tratante y especializado, particularmente para aquellas que han vivido situaciones de violencia sexual”, expresó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, entre 2018 y septiembre de 2025, 560 niñas y adolescentes han iniciado un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, siendo el 86% de los casos por causal de violación. La Nota Técnica identifica 20 desafíos estructurales que afectan el acceso y la calidad del procedimiento, incluyendo barreras como plazos insuficientes en casos de violación y falta de información temprana.

Además, se señalan factores socioculturales y contextuales que dificultan el acceso al procedimiento, así como prácticas institucionales problemáticas que obstaculizan el proceso. El informe también destaca limitaciones en el sistema de salud relacionadas con objeción de conciencia, falta de especialistas y diferencias en protocolos entre establecimientos.

Ante estos hallazgos, la Defensoría propone medidas para fortalecer la implementación de la ley, como mejorar la difusión e información sobre el procedimiento, fortalecer la detección temprana en atención primaria y avanzar en lineamientos técnicos especializados para niñas y adolescentes. Asimismo, se sugiere reforzar la capacitación del personal sanitario con un enfoque basado en derechos y perspectiva de género.