35 personas inhabilitadas para trabajar con menores en sector público
Informe de Contraloría detecta personas con inhabilitación para funciones públicas con menores, incluyendo un caso en la Municipalidad de Illapel. Se instruyen sumarios y medidas correctivas.
6 de enero de 2026
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que durante el año 2025 se han identificado 35 casos de personas con inhabilitación absoluta para trabajar con menores de edad, quienes a pesar de ello ocupaban cargos públicos con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes. Esta situación constituye una grave infracción a la normativa vigente y pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales.
Según el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC N°19), este problema tiene un carácter estructural. Desde el año 2020 hasta agosto de 2025, se han detectado 164 personas inhabilitadas que han ejercido o siguen ejerciendo funciones con menores, distribuidas en 72 instituciones públicas a nivel nacional.
El informe detalla que la mayoría de estos casos se concentran en el ámbito escolar, ocupando roles como profesores, asistentes de educación y auxiliares de aseo, lo que agrava la gravedad de las irregularidades encontradas. Además, se observa un aumento sostenido en el número de casos anuales:
- 2020: 17 casos
- 2021: 12 casos
- 2022: 26 casos
- 2023: 33 casos
- 2024: 41 casos
- 2025: 35 casos
Durante el año 2025, diversas entidades como municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación pública (SLEP), hospitales y servicios de salud mantenían contratadas personas inhabilitadas. Entre ellas se encuentran las municipalidades de Illapel, Puerto Montt, Concepción, Valdivia, La Pintana, San Pedro de Atacama, Nancagua y Lago Ranco, así como varios SLEP como Atacama, Maule Costa, Valdivia y Costa Araucanía.
La normativa actual establece la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen contacto directo y habitual con menores. Las instituciones deben verificar esta condición previamente a cualquier contratación mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.
Frente a estos hechos, la CGR ha instruido a las entidades involucradas a cumplir inmediatamente con la ley, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, revisar las posibles responsabilidades administrativas en los nombramientos y reportar las acciones tomadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Finalmente, la Contraloría ha reiterado su compromiso con la protección de la infancia a través de este informe. Insta a todos los servicios públicos a fortalecer sus mecanismos de control para evitar nuevas irregularidades y garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Fuente: DiarioElDia Región
