Acoso laboral a funcionarios públicos: camino judicial

Más de 90 millones de pesos en indemnizaciones ha pagado hasta ahora el gobierno regional por demandas de acoso laboral, protagonizadas por la exgobernadora Krist Naranjo durante su frustrada administración. Estos hechos salieron a la luz pública tras conocerse un dictamen del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, a favor de una funcionaria pública del gobierno regional que había demandado por malos tratos a la exautoridad.

En la sentencia se señala que la exgobernadora ejerció violencia psicológica de forma sistemática y recurrente, perturbando el desempeño laboral de la funcionaria y logrando cambiarla del cargo que desempeñaba sin justificación. Como resultado, se ordenó el pago indemnizatorio de 12 millones de pesos y su restitución en su unidad original.

Además, se condenó al gobierno regional a proporcionar capacitación sobre protección de derechos fundamentales en la administración pública a todos los funcionarios, dictada por un profesional experto en un plazo de 4 meses.

¿Qué caminos pueden seguir los funcionarios afectados por acoso laboral? Según expertos y abogados, deben recurrir al camino legal, principalmente en los tribunales laborales. La abogada María José Lira destaca que "los funcionarios pueden recurrir a un tribunal laboral por vulneración de sus derechos bajo la acción de tutela laboral". Por otro lado, el abogado Carlos Marchant enfatiza la importancia de recopilar pruebas como informes médicos o psicológicos y contar con testigos para respaldar las denuncias.

En el caso específico de los funcionarios públicos, la Contraloría también puede investigar a los responsables. El acoso laboral puede manifestarse a través de actos hostiles repetidos y humillantes como críticas sistemáticas, desinformación deliberada y sobrecarga de trabajo.

Respecto a los casos en el gobierno regional, los afectados que denunciaron a Krist Naranjo confirmaron la ocurrencia de estos actos y optaron por seguir el curso judicial. La consejera regional Paola Cortés lamenta que sea la actual administración regional la que deba responder por el comportamiento pasado de la exgobernadora Naranjo, reconociendo al mismo tiempo el derecho de los funcionarios afectados.