Alcalde Hernán Ahumada ratificado sin acceso a Paihuano

En un fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena ratificó las medidas cautelares que aplicó el Juzgado de Garantía de Vicuña en contra del alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, en la audiencia de formalización del edil que se realizó el pasado jueves 3 de julio por la imputación de un presunto delito de abuso sexual en contra de una funcionaria. Según consigna el fallo del tribunal de alzada, emitido ayer, “las medidas cautelares son herramientas de carácter procesal, y entendiendo que las leyes procesales rigen in actum, es decir, se aplican desde el momento de su entrada en vigor a todos los procedimientos futuros y a los que se encuentran en tramitación. Esto es, son independientes de la fecha en que ocurrieron los hechos que originan el proceso, puesto que la ley 21.675 no establece una excepción a esta regla general”.

En la misma línea, en el fallo se señala que “abona a lo razonado, que el hecho que habilita la procedencia de estas medidas es el riesgo actual e inminente de sufrir violencia de género, conforme al artículo 33. Este riesgo es una circunstancia presente y actual que el tribunal debe evaluar ya que el objetivo de las medidas cautelares descritas en el artículo 34 no es sancionar un hecho pasado, sino proteger a la víctima de un daño futuro y asegurar el resultado del proceso judicial”.

Finalmente se señala que “conforme lo expuesto se comparte el análisis del tribunal que efectivamente se centra en la necesidad de protección actual de la víctima utilizando los mecanismos que la ley le otorga para tal fin, por lo que se confirmará la resolución apelada”.

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MEDIDAS CAUTELARES

Estas medidas que aplicó el Juzgado de Garantía de Vicuña y que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de La Serena, imponen al edil la prohibición de ingreso a la municipalidad de Paihuano y a todas sus dependencias. Otra cautelar estableció que mientras dure la investigación - cuyo plazo fue fijado en 120 días - Hernán Ahumada, deberá ejercer sus funciones a través de teletrabajo, dejándose constancia de que dicha modalidad no constituye abandono de funciones ni afecta el ejercicio del cargo, encontrándose dentro del marco legal.

Además, se le prohibió acercarse a la denunciante, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo, así como la prohibición de todo tipo de contacto, ya sea telefónico, por correo o redes sociales. Además, se decrétó el resguardo de la identidad de la víctima y su entorno, junto con el arraigo nacional y la prohibición de portar armas de fuego.

MEDIDA “INJUSTIFICADA”

Tras los alegatos en el tribunal de alzada, el abogado Carlo Silva sostuvo: “estamos abiertos a cumplirla (medida cautelar) pero insisto; prohibirle a mi defendido ejercer su función pública nos parece totalmente una medida injustificada con motivo de los hechos que son materia de investigación”.

En tanto, Bianca Pfeng indicó: “las medidas cautelares estaban fundadas en los antecedentes y por aplicación reglas prevención violencia”.