Amenazas de tiroteos alertan a instituciones educativas

Una serie de supuestas amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales de la conurbación ha encendido las alertas de autoridades, policías y comunidades educativas enteras durante los últimos días. Entre las instituciones afectadas figuran el Colegio Altovalsol, el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, el Liceo Gregorio Cordóvez, el Liceo Gabriela Mistral, el Colegio Adventista y el Colegio Bernardo O’Higgins, además de la Universidad del Alba y el IP Chile, fenómeno que, según las autoridades, presenta patrones comunes y exige una respuesta coordinada.

El subprefecto Javier Rodríguez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones La Serena, explicó que se han registrado más de diez denuncias de este tipo, muchas de ellas con características similares. "Como institución no podemos dejar de acudir a estos procedimientos cuando el Ministerio Público lo instruye", indicó.

La fiscal adjunta jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, señaló que "se ha decidido llevar las investigaciones de manera conjunta en la fiscalía local de La Serena, para de esta manera realizar una investigación más eficiente, para determinar una línea única de investigación y, además, para lograr resultados a la brevedad". Mosnich confirmó además que el Ministerio Público no va a dejar de investigar estos hechos. "Nuestro interés es lograr determinar la participación de los distintos imputados en estos ilícitos para evitar que estos hechos, que conmocionan tanto a la comunidad, se sigan produciendo", dijo la persecutora.

Ante este escenario, el seremi de Educación, Marcelo Salvo Meneses, lideró una mesa técnica regional con equipos especializados para abordar esta contingencia. La instancia reunió a profesionales de convivencia escolar, área jurídica, subvenciones y calendario escolar, además de la Superintendencia de Educación, con el objetivo de definir criterios comunes de actuación.

Salvo enfatizó la necesidad de reforzar el acompañamiento a los establecimientos, priorizando respuestas oportunas y evitando decisiones que puedan generar mayor alarma. "El foco está en acompañar a las comunidades educativas, entregando orientaciones claras y evitando que estas situaciones escalen o afecten el normal desarrollo del proceso educativo", sostuvo la autoridad.

En este contexto, Salvo también subrayó que se impulsa una agenda de seguridad educativa que incluye el proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", orientado a fortalecer herramientas preventivas y de respuesta ante hechos de violencia.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera manifestaron su preocupación por estas amenazas. El organismo explicó que desde 2025 se implementa el programa "Comunidades Educativas Protegidas", que entrega lineamientos para la prevención y manejo de emergencias.

Mientras que desde SLEP Elqui , Rocío Alcayaga, encargada del Departamento Jurídico, sostuvo que estos actos de amenazas se traducen en la comisión de distintos ilícitos: delito de amenazas y el delito de alteración del orden público que podrían configurar figuras delictuales más graves.

Desde la PDI, el subprefecto Cristian Villalobos advirtió que toda amenaza debe ser considerada real por su impacto en la seguridad pública. En tanto, la psicóloga del Instituto de Criminología Vania Saavedra alertó sobre un aumento del consumo de contenidos violentos por parte de jóvenes en redes sociales.

Los expertos recomendaron denunciar oportunamente estos hechos y resguardar evidencia digital clave para las investigaciones. Asimismo, se recomendó no intentar identificar ni confrontar a los posibles autores ni exponerlos en redes sociales.

Las autoridades coincidieron en que el desafío no solo radica en la respuesta inmediata ante amenazas sino también en el fortalecimiento preventivo y en un contexto donde las dinámicas sociales y digitales influyen cada vez más en las comunidades educativas.