Corporación G.G.V. evalúa solicitudes de embargo por deudas previsionales

La Corporación Municipal Gabriel González Videla (C.G.G.V.) se encuentra en una situación judicial y financiera complicada, con la posibilidad de un cierre definitivo en el horizonte. Sin embargo, este escenario se ve obstaculizado por el reciente embargo de más de cien bienes debido a una deuda que supera los $100 millones.

Todo comenzó en 2022, cuando la corporación realizó dos licitaciones para obras en el Colegio Javiera Carrera. A pesar de que las obras no se completaron, la empresa Constructora Genoveza Limitada emitió facturas por más de $100 millones. Estas facturas datan del 8 de septiembre de 2022 y suman $57.380.086 y $43.035.064 respectivamente.

Posteriormente, las facturas fueron cedidas a BL Capital SpA, una empresa de factoring que inició el proceso de cobro. Ante la falta de respuesta por parte de la administración anterior, encabezada por Jorge Díaz Torrejón durante la gestión del exalcalde Roberto Jacob, la empresa decidió llevar el caso a los tribunales.

"Intentamos revertir esta acción judicial mediante diversas presentaciones en tribunales y, sobre todo, llegar a un acuerdo con la empresa de factoring, pero nuestra propuesta no fue aceptada", explicó Eduardo Rodríguez, secretario general de la C.G.G.V.

Tras un intento fallido de acuerdo en 2024, el Segundo Juzgado de Letras de La Serena ordenó el embargo de más de 100 bienes pertenecientes a la corporación el 20 de enero. Esta medida podría ejecutarse en cualquier momento.

"Tenemos más solicitudes de embargos en curso que aún no han sido ejecutadas. Todas ellas corresponden a deudas pendientes relacionadas con temas previsionales o licitaciones", detalló Rodríguez.

El secretario general calificó la situación como grave y señaló responsabilidades hacia la administración anterior: "Es un hecho que nos golpea nuevamente debido a una gestión deficiente, cuyas consecuencias seguimos enfrentando". A pesar de ello, aseguró que seguirán trabajando para cerrar definitivamente la corporación.

Además del embargo ya vigente, existen nuevas solicitudes que podrían activarse pronto. Esto genera preocupación por su impacto en los cerca de 150 funcionarios que continúan trabajando en áreas administrativas y en el sistema de cementerios.

En el marco del proceso de desmunicipalización, la educación ya fue traspasada al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui y la salud primaria pasó recientemente a la administración directa del municipio.

"El cierre de la corporación y el traspaso de su área de salud a la municipalidad han permitido darle sostenibilidad financiera y certeza laboral a los trabajadores", afirmó Rodríguez.

En cuanto al embargo ya ejecutado, Rodríguez explicó: "La orden ya fue ejecutada; es decir, desde este viernes 10 en adelante pueden efectuar la acción judicial". El equipo jurídico está preparado para los futuros procesos relacionados con embargos.