Escala polémica por lista ideológica en Serviu

Una fuerte polémica se instaló en la Región de Coquimbo tras la filtración de una planilla en formato Excel que contiene evaluaciones de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), documento que ha generado un amplio rechazo transversal por el tenor de sus contenidos y los criterios utilizados.

El archivo, que habría sido enviado por error mediante un correo masivo desde una repartición pública, incluye columnas como "Dirección", "Nombre", "Comentario" y "Recomendación (Nuestra gente)". Sin embargo, lo que encendió las alarmas fueron las descripciones consignadas, en las que se alude a la supuesta orientación política de los trabajadores por sobre sus competencias o desempeño laboral, con frases como "NI FU NI FA ZURDO", "BUENA PERO ZURDA" o "MALO PARA LA PEGA DESORDENADO ZURDO". Uno de los comentarios más controvertidos señala: "EL MÁS ZURDO DE TODOS, NEFASTO, SÍ O SÍ FUERA".

A esto se suma que, en la columna de recomendaciones, se sugieren eventuales reemplazos identificados como "nuestra gente", lo que ha abierto cuestionamientos respecto de una posible utilización de criterios de afinidad política en decisiones internas del servicio público.

Pese a la gravedad de los antecedentes, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la autoría del documento ni sobre el contexto en que fue elaborado. No obstante, de acuerdo con información recabada, este habría sido confeccionado por actores vinculados al oficialismo con el objetivo de identificar cargos que podrían ser ocupados por perfiles cercanos a la actual administración.

Tras la difusión del archivo, el Ministerio de Obras Públicas salió al paso de la controversia, desmarcándose categóricamente del documento. Desde la cartera señalaron que "la planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta institución ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios".

Asimismo, precisaron que, según los antecedentes disponibles, el archivo habría sido enviado desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región, en el marco de correos masivos ajenos al ministerio. En esa línea, indicaron que ya se instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, asegurando además su disposición a colaborar con todas las instancias que investiguen lo ocurrido. "La confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras", agregaron.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra Corrales, confirmó la apertura de un proceso disciplinario interno. "Rechazamos cualquier uso indebido de herramientas o canales institucionales para fines ajenos al servicio. Por ello, además del proceso disciplinario, se ordenó una revisión exhaustiva de los procedimientos internos relacionados con el uso de los canales de comunicación institucionales", sostuvo.

En paralelo, han surgido versiones contrapuestas respecto a la responsabilidad en la difusión del documento. Mientras públicamente desde la institución se habría apuntado a un periodista del Serviu como quien distribuyó los correos, antecedentes recogidos por El Día indican que la planilla habría sido elaborada por otro funcionario, que se desempeña como analista del departamento de Programación y Control, militante de Renovación Nacional y cercano al propio seremi Cuadra.

Reacciones políticas

La controversia generó inmediatas reacciones en el mundo político, particularmente entre parlamentarios de la región, quienes cuestionaron duramente el contenido del documento y sus eventuales implicancias.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó la situación como "inaceptable", señalando que la existencia de una "lista negra" evidencia prácticas que atentan contra principios básicos del servicio público. "Esto denota dos problemas evidentes. Primero, que para el Gobierno pareciera que un buen funcionario público se tiene que ir solo por su manera de pensar. Y, en segundo lugar, el lenguaje que se está utilizando, que es completamente impropio", afirmó.

El parlamentario fue más allá y comparó estas prácticas con episodios históricos de persecución política, indicando que "no es posible que se persiga de esa manera a trabajadores, a mujeres, solo por su manera de pensar".

En tanto, el senador Daniel Núñez exigió explicaciones al ministro de Obras Públicas Martín Arrau calificando el hecho como una posible persecución política. "Califican a trabajadora 'buena pero zurda', lo que demuestra que no importa la capacidad sino solo la finalidad de meter a 'los suyos'", cuestionó añadiendo que evaluará eventuales acciones legales.

Por su parte, la diputada Carolina Tello advirtió que si se confirma la veracidad del documento estaríamos frente a un caso de alta gravedad dentro del aparato público. "Si se están clasificando funcionarios públicos por su pensamiento político y esa información se utilizó para tomar decisiones laborales podríamos estar frente a un caso de persecución política en el Estado", indicó.

La parlamentaria agregó que el funcionamiento del servicio público debe basarse en criterios objetivos. "Las evaluaciones deben centrarse en el mérito, el desempeño y el cumplimiento de la ley no en las ideas políticas de los trabajadores", enfatizó confirmando además que se ofició a la Contraloría para investigue los hechos con el máximo rigor.

Hasta ahora desde la Delegación Presidencial en la región han evitado referirse a la situación mientras continúan las indagatorias administrativas buscando esclarecer el origen y eventual uso de la controvertida planilla.

Fuente: DiarioElDia Región