Exfuncionarios del GORE con arresto domiciliario nocturno

Luego de tres extensas jornadas de audiencia, en las que fueron imputadas por diversos delitos ocho personas implicadas en el llamado caso "Papaya Gate", finalmente el tribunal dictó las medidas cautelares correspondientes.

En primer lugar, la magistrada Carolina Baroncini, rechazó la prisión preventiva que el Consejo de Defensa del Estado estaba solicitando para la exintendenta regional, Lucía Pinto, el exadministrador regional, José Cáceres, y para el exgerente de empresas CPS S.A., Pablo Bracchitta, optando finalmente por la dictación de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Pinto y Cáceres.

En cuanto a Pablo Bracchitta, el tribunal decidió dejarlo sin cautelares.

En el caso de la exintendenta, la decisión de la jueza se basó en la falta de claridad sobre el perjuicio económico causado. En todo caso, se destaca que Cáceres tenía la obligación de velar por el uso eficiente de los recursos.

Respecto a los empresarios imputados por delitos tributarios se les aplicó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.

Tras el término de la audiencia, David Segall abogado defensor manifestó su satisfacción con las decisiones tomadas por el tribunal. Consultado sobre un posible sobreprecio en los terrenos vendidos al GORE indicó que no existió diferencia con lo ofrecido previamente por otros particulares desde 2016 en adelante.

Sobre los delitos tributarios imputados a los empresarios destacó que se aceptaron las medidas cautelares solicitadas por fiscalía: arraigo y firma. La fiscal Perivancich reconoció lo complejo del avance en la investigación pero aseguró estar satisfecha con lo descrito hasta ahora y anticipó una etapa distinta para fortalecer los antecedentes necesarios durante los 180 días establecidos como plazo judicial vigente.