Fiscal Cooper removido de causa ProCultura

Este viernes, la fiscalía nacional anunció la reasignación del caso ProCultura a la fiscalía regional de Antofagasta, tras remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación. La decisión, basada en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, responde a la “complejidad y gravedad” de la causa y busca “asegurar su continuidad y objetividad”, según detalló el Ministerio Público. De esta forma, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekíos, asumirá el liderazgo de las diligencias. La fiscalía nacional justificó el cambio señalando que el primer hecho investigado ocurrió en esa región, lo que “garantiza un desarrollo adecuado” del proceso.

EL GATILLANTE DE LA DECISIÓN

Lo cierto es que la medida se adoptó horas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Hunneus, exexposa del cofundador de ProCultura, Alberto Larraín.

En efecto, este viernes, la corte acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus Lagos, en el marco del caso Procultura, y declaró ilegales, arbitrarias e infundadas las resoluciones judiciales que autorizaron la interceptación de sus comunicaciones telefónicas.

El fallo, dictado de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada cuestionó duramente las decisiones adoptadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta - que autorizaron al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a ordenar las interceptaciones telefónicas - al estimar que no se justificaron adecuadamente las sospechas que motivaron las medidas intrusivas ni se cumplieron los requisitos legales establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

“No se indicó cuáles serían los hechos determinados que permitan acreditar fundadas sospechas sobre la participación de la amparada en algún delito”, se consigna en el fallo, que también destaca la ausencia de fundamentos respecto a su presunto rol como intermediaria en comunicaciones de otros imputados.

La resolución también advierte sobre la gravedad de validar “actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”.

En consecuencia, la Corte ordenó dejar sin efecto las resoluciones dictadas el 16 de octubre y 6 de diciembre de 2024, y el 10 de febrero de 2025, en el marco del proceso penal, así como todas las diligencias y resultados obtenidos a partir de las interceptaciones telefónicas autorizadas en relación con Huneeus. Además, se dispuso su eliminación de la carpeta investigativa del Ministerio Público.

Paralelamente, se exigió a Cooper elaborar un informe detallado sobre las observaciones del tribunal, debiendo abordar los puntos críticos señalados por la corte, incluida la demora de dos semanas en identificar que las comunicaciones interceptadas pertenecían a Hunneus y no a Larraín.

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Fuente: DiarioElDia Región