Propuesta de mesa de trabajo y extensión contractual por 10 días

El proyecto del nuevo hospital de La Serena se ha convertido en una de las obras más relevantes para la red de salud de la Región de Coquimbo. Sin embargo, este proyecto ha estado marcado por una controversia entre la sociedad concesionaria Acciona y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La disputa se originó en el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), etapa fundamental que define las condiciones técnicas para la construcción del recinto. Según la concesionaria, durante este proceso se generaron múltiples dificultades que impactaron significativamente el cronograma del proyecto.

Entre los principales cuestionamientos, la empresa señaló la existencia de observaciones tardías, reiteradas e incluso contradictorias por parte de los equipos revisores del MOP, lo que, según ellos, desnaturalizó el procedimiento establecido en las bases de licitación. Además, problemas de coordinación institucional, alta rotación de equipos técnicos y nuevas exigencias en etapas avanzadas del diseño contribuyeron a los retrasos.

La concesionaria afirmó que el proceso de revisión se extendió mucho más allá de los plazos originalmente contemplados, generando un impacto acumulado de 266 días en la programación del proyecto, afectando tanto la fase de diseño como el inicio y continuidad de la construcción.

Además, factores externos complicaron aún más la ejecución de las obras. Una paralización total ordenada por la Dirección de Obras Municipales de La Serena en noviembre de 2024 y posteriormente declarada ilegal por el SERVIU fue uno de los episodios más relevantes. Esto llevó a restricciones para el tránsito de camiones, modificando la operación en terreno y reduciendo la productividad en actividades críticas como la excavación masiva.

El Ministerio de Obras Públicas rechazó las interpretaciones de la concesionaria, argumentando que las observaciones realizadas forman parte del proceso normal en proyectos complejos como un hospital. Frente a estas posiciones contrapuestas, la controversia fue sometida al Panel Técnico de Concesiones para su análisis.

En sus conclusiones, el Panel reconoció desviaciones respecto a lo previsto contractualmente en el proceso de revisión del PID. Aunque no validó todos los retrasos reclamados por la concesionaria, sí reconoció un impacto acotado en plazo debido a hechos que escapaban al riesgo contractual asumido por la empresa.

Uno de los puntos más relevantes fue el reconocimiento de 10 días adicionales a favor de la concesionaria debido a la paralización total declarada ilegal. Este reconocimiento marca un precedente al establecer que no todos los retrasos pueden ser imputados a la empresa cuando derivan de decisiones externas fuera de su control.

El Panel recomendó una solución colaborativa mediante una mesa de trabajo entre las partes para revisar detalladamente los impactos del proyecto, mejorar la coordinación técnica y administrativa, y evitar profundizar la controversia. Aunque esta recomendación no es vinculante, puede influir en instancias arbitrales o judiciales si las partes no llegan a un acuerdo.

El futuro del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad de ambas partes para acoger estas recomendaciones y avanzar hacia una solución que permita retomar el ritmo de ejecución.