27 de abril de 2025
Ayer, El Día dio a conocer que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, pidió una audiencia para formalizar la investigación en el llamado “Caso Papaya Gate” por el delito de fraude al fisco en contra de Lucía Pinto, exintendenta, José Cáceres, exadministrador regional, y de otras personas vinculadas a inmobiliarias que vendieron terrenos al Gobierno Regional con un evidente sobreprecio.
En pleno gobierno de Sebastián Piñera, la exintendenta regional, Lucía pinto, debió renunciar a su cargo y tras cinco años de indagatorias no se conocían mayores antecedentes.
La solicitud de la fiscal Perivancich provocó reacciones en la región, luego que se adquirieron terrenos por un monto de más de 9 mil millones de pesos y aparentemente su valor era bastante inferior.
PARLAMENTARIOS
El diputado UDI, Marco Sulantay, tras ser consultado por tal medida sostuvo: “Uno. Se debe respetar la presunción de inocencia siempre. Dos, hay que confiar en la justicia y, en ese aspecto, es necesario dejar trabajar tranquilo al Ministerio Público y la Fiscalía, por lo que una opinión, especialmente de un parlamentario, puede ser mal interpretada o percibida como una forma de presión. Y tres, por experiencia, tengo la convicción de que no es recomendable referirse a casos con procesos y diligencias judiciales vigentes”.
Por otra parte, el diputado DC, Ricardo Cifuentes, no tuvo problema en referirse al tema indicando que “por fin la Fiscalía de Valparaíso, después de años en que la causa estuvo prácticamente paralizada, se atreve a formalizar a las mismas personas que han estado siempre en la palestra de este bullado caso. Me parece que es un avance, todavía tengo una opinión muy crítica respecto de la velocidad de este caso, porque no hay nada nuevo respecto de las personas formalizadas y respecto de lo que hizo la propia Contraloría en su minuto y de los antecedentes que han estado sobre la mesa durante tanto tiempo y que son de público conocimiento”, indicó el parlamentario”, agregando que se debe esperar a conocer los antecedentes en detalle, las razones de la formalización. “Creo que la justicia si no es oportuna no es justicia”, cerró Cifuentes.
Por su parte, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, consideró que era curioso que luego de haber transcurrido tanto tiempo “justo ahora la fiscalía haya decidido solicitar audiencia de formalización. En segundo término, hoy día solo conocemos que se solicitó la audiencia de formalización sin conocer los fundamentos o argumentos en virtud de los cuales se funda esta solicitud. Por lo tanto, creo que hay que tener todos los antecedentes a la vista para poder tener mayor claridad. Insisto, curioso que justo este año y en esta época la Fiscalía de Valparaíso haya determinado iniciar la solicitud de una formalización donde solamente conocemos los trascendidos”, indicó.
Una postura distinta sostiene la diputada PC, Nathalie Castillo, quien dijo que la Fiscalía daba señales claras de una exigencia ciudadana y política “de buscar responsables respecto de uno de los fraudes más grandes al Fisco que hemos tenido en la Región de Coquimbo y el país. Esperamos que sea un procedimiento de formalización muy riguroso, que se apliquen todas aquellas medidas cautelares para resguardar el funcionamiento y el éxito del proceso. Determinar las responsabilidades políticas en este fraude, donde la región vio lesionado su patrimonio”.
Mientras que el senador Daniel Núñez dijo que esperan que ahora el proceso avance de manera expedita.
“Hay hechos y pruebas que demuestran los delitos cometidos, y es fundamental saber toda la verdad sobre quiénes se beneficiaron del sobrepago en la compra de terrenos”.
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AUTORIDADES
En tanto, el delegado presidencial, Galo Luna, mencionó que “esto forma parte de una larga investigación que ha realizado el Ministerio Público que demuestra que las instituciones funcionan y hoy han tomado la decisión de formalizar. Un caso que ha tenido alta connotación a nivel regional.
Como gobierno seremos respetuosos de los fallos judiciales que desde aquí surjan”.
En la misma línea, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, señaló que los poderes del Estado funcionan de manera independiente. “Esta es una decisión que está radicada en la Fiscalía de Valparaíso, por lo que no nos corresponde intervenir ni emitir opiniones sobre procesos judiciales en curso. Respetamos las instituciones y confiamos en que los hechos se esclarezcan a través de los conductos regulares establecidos por la ley”, indicó.
LO QUE VIENE
El proceso que viene, según el experto abogado Carlo Silva, es que en la formalización se comunicarán los cargos de los hechos y se le pone una tipificación jurídica: Fraude al Fisco. “En esa audiencia el juez tiene que fijar un plazo para la investigación, donde el Ministerio Público continúa con la investigación y las defensas desarrollan pruebas de descargo, y se tienen que aplicar medidas cautelares”, dijo, añadiendo que luego se hace una audiencia pare cerrar la investigación. Una vez cerrada, la Fiscalía tiene 10 días para formular la acusación fiscal y 35 días después se fija la audiencia de preparación de juicio oral y finalmente 60 días después se realiza el juicio oral.
Fuente: DiarioElDia Región