Tipificar delito de cuidadores ilegales de autos: un reto complejo
Un experto en derecho penal analiza el proyecto de ley que busca erradicar a los cuidadores ilegales de autos. Advierte sobre la dificultad de determinar esta actividad y la posible sobrecarga para el Ministerio Público. Parlamentarios respaldan la iniciativa.
29 de julio de 2025
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados ha comenzado a debatir un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal del cuidado de vehículos en las calles, en respuesta a denuncias por cobros indebidos y situaciones de violencia en espacios públicos.
Según los parlamentarios impulsadores de la iniciativa, muchos cuidadores operan en zonas controladas por mafias, exigiendo dinero a los automovilistas sin brindar un servicio real, lo que ha llevado a conductores a pagar por temor a represalias.
El proyecto propone multas y penas de cárcel de hasta 540 días para quienes realicen esta actividad sin autorización. La moción fue presentada el 12 de mayo por el diputado Cristian Araya, con el objetivo de agregar un nuevo artículo al Código Penal que tipifique "ilegalmente la actividad de estacionar o acomodar automóviles".
En una revisión realizada el 14 de julio por la Comisión de Seguridad Ciudadana, se decidió solicitar el acuerdo de la Sala para fusionar este proyecto con otro anterior que proponía que tanto los cuidadores como los limpiaparabrisas debían registrarse en las municipalidades respectivas y establecía un castigo penal menos severo.
La diputada Carolina Tello expresó su apoyo a la regulación de los cuidadores informales, señalando que es necesario reforzar la seguridad en el espacio público sin criminalizar la pobreza. Por su parte, el diputado Marco Antonio Sultantay destacó la importancia de abordar situaciones que generan faltas o delitos en materia de seguridad.
El abogado penalista Rodolfo Bórquez cuestionó la eficacia de normas como esta, argumentando que no siempre se logra cambiar conductas sociales mediante leyes. En su opinión, penalizar ciertas actividades puede generar problemas adicionales y sobrecargar al sistema judicial.
Bórquez también advirtió sobre las dificultades prácticas para identificar a los cuidadores informales y perseguir este tipo de delitos, así como sobre el riesgo de desviar recursos del Ministerio Público hacia casos que podrían no tener un impacto significativo en la seguridad pública.
En resumen, la discusión en torno a este proyecto de ley refleja las complejidades y desafíos asociados con la regulación del cuidado informal de vehículos en espacios públicos, así como las diferentes perspectivas sobre cómo abordar esta problemática desde una perspectiva legal y social.
Fuente: DiarioElDia Región
