ADN confirma identidad de Bernarda Vera en Argentina

La confirmación mediante ADN de que la mujer hallada con vida en Argentina corresponde a Bernarda Vera Contardo ha provocado un giro en la agenda política y judicial chilena.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, notificó a la familia que el peritaje genético estableció una “probabilidad de identificación superior al 99,9999%” entre Vera y las muestras del Banco Genético del Servicio Médico Legal (SML). Vera, quien figuró durante décadas como detenida desaparecida, fue ubicada con vida en 2025, lo que cuestiona los registros históricos del Informe Rettig.

Ante la ratificación científica, la diputada Flor Weisse (UDI) solicitó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúe medidas para recuperar fondos públicos entregados a la familia de Vera. Según la parlamentaria, “hemos pedido que el CDE ejerza todas las acciones para que se recuperen los fondos del Estado por los cuales se benefició la familia de Bernarda Vera. Esta pensión fue obtenida de manera fraudulenta y se debe llegar hasta las últimas consecuencias”. Paralelamente, la bancada del Partido Republicano anunció que buscará crear una Comisión Especial Investigadora (CEI) para determinar eventuales responsabilidades institucionales.

De acuerdo con información de Bíobío Chile, el abogado Maximiliano Murath solicitó reactivar una querella contra el exministro de Justicia, Luis Cordero, y la exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano. Murath sostiene que el resultado del peritaje genético refuerza la acusación de encubrimiento. El jurista afirmó: “Esta parte tenía razón en solicitar que se investigara hasta las últimas consecuencias el encubrimiento de una falsa detenida desaparecida (…) Esperamos que se active la causa porque lleva durmiendo desde octubre, fiscalía no ha hecho nada por investigar”. Actualmente, la causa permanece bajo secreto de investigación por orden del ministro Mesa.

El caso ha impactado la credibilidad del trabajo estatal en la materia. El investigador Gustavo Campos señaló que este hallazgo “puede abrir espacio para un cuestionamiento sobre el rol del Estado y la política que se ha sostenido hasta ahora”, aumentando la presión sobre la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda.

En contraste, la diputada Lorena Pizarro (PC) enfatizó que la prioridad debe seguir siendo el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos, declarando que “la preocupación mayor es que la impunidad y el pacto de silencio no permiten saber la verdad de los detenidos desaparecidos, ni quiénes son los responsables”.