Advertencia de exministras por ajustes laborales

El debate sobre la jornada laboral en Chile se ha reavivado luego de la circulación de un video en redes sociales donde exautoridades del gobierno anterior critican los ajustes que está considerando el Ejecutivo.

Esta controversia surge en un contexto de crisis en el mercado laboral, lo que ha llevado a la administración actual a buscar medidas urgentes para fomentar la contratación.

En un video conjunto, las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara advirtieron que las nuevas propuestas podrían permitir semanas laborales de hasta 52 horas. Vallejo destacó el impacto que tendría una carga laboral más pesada para los trabajadores, independientemente de posibles compensaciones posteriores.

Por su parte, Jara señaló que un aumento en las horas semanales afectaría directamente a personas con responsabilidades familiares o que están estudiando. Ambas hicieron un llamado explícito a defender la reducción de jornada lograda mediante la Ley de 40 horas.

La Mesa de Reactivación Laboral presentó al Gobierno un total de 22 propuestas para frenar el deterioro del empleo. Una de las medidas más debatidas es la extensión del periodo de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria, proponiendo ampliarlo a plazos entre 15 y 52 semanas, siguiendo modelos de países como Alemania o Países Bajos.

Bajo este esquema, se mantendría un límite absoluto de 52 horas semanales (sumando horas ordinarias y extraordinarias), una cifra que actualmente solo se permite en situaciones excepcionales según el Código del Trabajo.

Ante estas críticas, el Presidente José Antonio Kast ha intensificado la campaña "modo empleo" para hacer frente a una tasa de desempleo del 9,4%, la más alta en cinco años. El mandatario afirmó que la meta es crear 50 mil nuevos empleos en cuatro meses, asegurando que bajo su liderazgo el trabajo se convierte en la prioridad nacional y no solo de un ministerio.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, complementó esta información al indicar que se busca brindar certeza jurídica a los inversionistas mediante la reducción de trámites burocráticos y la agilización de procesos para proyectos de inversión.