Cámara aprueba resolución para eliminar lenguaje inclusivo en servicios públicos

La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado.

Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales.

La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso.

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Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas.

Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales.

La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales.

María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que "el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse".

Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que "sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla".