Contraloría denuncia a funcionarios públicos por transacciones millonarias en casinos

La Contraloría General de la República ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en contra de 910 funcionarios públicos y municipales pertenecientes a 371 entidades estatales. Estos individuos han sido acusados de realizar transacciones en casinos vinculadas a juegos de azar por un total de $11.490.456.871, a pesar de estar legalmente prohibidos de apostar, durante el período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025.

Según el Consolidado de Investigación Circularizada (CIC) N° 20 emitido por la Contraloría, se ha identificado que 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto total transaccionado, equivalente a $11.118.431.956. En estos casos, las cantidades apostadas no coinciden con sus ingresos declarados.

Este informe se basa en el cruce de información entre el registro de funcionarios que manejan fondos públicos -y que tienen prohibido apostar en casinos- y los datos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sobre los clientes que realizaron operaciones en casinos.

Además, el informe señala que varios servicios públicos y municipalidades tienen funcionarios cuyas apuestas representan montos significativos y que pertenecen a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos estatales, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.

En total, las 20 mayores sumas apostadas alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios con roles directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Ante estos hallazgos, la Contraloría enviará el listado de los 910 funcionarios involucrados a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e investigación, así como para instruir los procedimientos sancionatorios correspondientes.

También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades respectivos para que inicien procesos disciplinarios y determinen posibles responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, se compartirán los datos con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias.