Informe de Contraloría revela sobreprecios en plan habitacional de gobierno Boric

Un informe de la Contraloría General de la República ha generado preocupación en torno al desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional implementado durante la administración de Gabriel Boric, luego de descubrir una serie de irregularidades en la adquisición de terrenos.

Según el informe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo compró terrenos entre los años 2022 y 2024 sin seguir adecuadamente los procedimientos requeridos, llegando incluso a pagar montos que duplicaban o triplicaban el valor de referencia establecido.

Una de las principales críticas se centra en la falta de un reglamento fundamental para regular estas transacciones. Este documento, que debía establecer criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas, nunca fue emitido dentro del plazo legal.

El informe también señala deficiencias en la planificación territorial, evidenciando la compra de aproximadamente 252 hectáreas en regiones donde no era necesario adquirir terrenos, mientras que en áreas con alta demanda habitacional los avances fueron mínimos.

Además, se destaca el uso frecuente de compras directas sin justificación administrativa adecuada, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Otro aspecto crítico identificado es que, en varios casos, el mismo organismo encargado de valorar los terrenos era el responsable de su compra posterior, sin un control externo independiente, lo que aumenta el riesgo de errores en la fijación de precios.

Por otro lado, la Contraloría ha advertido que una parte significativa de los terrenos adquiridos aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, a pesar de haber sido comprados hace más de tres años, lo que contradice la urgencia declarada en el plan.

En conclusión, el organismo fiscalizador ha determinado que la ejecución del programa se alejó de los principios de eficiencia y control del gasto público. Por ello, ha instruido al ministerio correspondiente a implementar medidas correctivas en plazos definidos.