Registro de Vándalos: Plazos de Permanencia y Reincidencia

El proyecto de ley que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos sigue siendo tema de debate en el Congreso. La propuesta, presentada por el Gobierno, tiene como objetivo identificar a personas condenadas por conductas que afectan el orden público y los espacios comunes, imponiendo consecuencias administrativas mientras estén registradas.

Uno de los puntos clave del proyecto es la duración de las inscripciones. Según el texto presentado en el Parlamento, aquellos condenados por actos vandálicos permanecerán en el registro por cinco años. En el caso de menores de 18 años, la inscripción se reducirá a dos años.

Para las conductas consideradas incivilidades, la permanencia será de un año, una vez que exista una resolución judicial firme que ordene la inclusión en el sistema.

El proyecto también contempla sanciones más severas para reincidentes mientras estén registrados.

En el caso de los delitos vandálicos, cada nueva condena extenderá el plazo en el registro. Para las incivilidades, la primera reincidencia aumentará la inscripción a dos años, y posteriores infracciones podrían elevarla hasta tres años.

Una vez cumplido el período correspondiente y sin nuevas sanciones, la inscripción será eliminada automáticamente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidad encargada de administrar la plataforma.

El registro será público, permitiendo a cualquier ciudadano consultar si una persona está inscrita, con un límite de cinco consultas al año y previa identificación. Sin embargo, los antecedentes de menores serán confidenciales y no accesibles por terceros.

Mientras estén inscritas en el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, las personas enfrentarán diversas restricciones administrativas.

Esto incluye la imposibilidad de postular a ciertos subsidios habitacionales y beneficios estudiantiles, acceder a fondos concursables estatales, renovar licencias o pasaportes, registrar vehículos o propiedades e incluso asistir a eventos masivos o partidos de fútbol profesional.

Además, en casos de reincidencia o delitos específicos determinados por ley, se podría suspender temporalmente beneficios como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase inicial de tramitación legislativa y deberá ser discutido por las comisiones correspondientes antes de ser votado en el Congreso.