Sanciones contempladas en Registro de Vándalos

El Gobierno ha ampliado los alcances del Registro de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública. Esta iniciativa tiene como objetivo identificar a personas que hayan sido sancionadas por acciones que perturben la convivencia ciudadana o dañen bienes públicos y privados.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el Gobierno ha presentado el proyecto al Congreso. Según sus declaraciones, la propuesta ya está en trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, con la expectativa de que la discusión legislativa comience esta semana. "Ingresó por la Cámara y se tiene que dar cuenta en la Sala esta semana, para luego pasar a las comisiones respectivas", señaló Pavez en una entrevista con Mesa Central de Tele13.

El diario El Mercurio ha publicado los detalles del proyecto que ya se encuentra en el Congreso. Este proyecto de ley impulsado por el Gobierno establece dos categorías principales de conductas que podrían llevar a la inclusión de una persona en el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos.

La primera categoría abarca actos vandálicos constitutivos de delito, como la destrucción o daño de bienes públicos, ataques a monumentos nacionales, incendios provocados, entre otros. La segunda categoría incluye incivilidades consideradas menos graves, como evasión del pago del transporte público o consumo de alcohol en espacios públicos.

El registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y será público. Sin embargo, la inclusión de una persona solo podrá realizarse mediante una resolución judicial. Cualquier ciudadano podrá consultar si alguien está inscrito en el registro, con un límite máximo de cinco consultas al año.

Las inscripciones tendrán una duración determinada, variando según la gravedad del acto cometido. Las consecuencias asociadas a la inscripción serán temporales y administrativas, afectando aspectos como subsidios habitacionales, becas estudiantiles y beneficios tarifarios en el transporte público.

En casos específicos y de reincidencia, se contemplan sanciones adicionales como la suspensión temporal del acceso a la educación superior gratuita y a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si es aprobada por el Congreso, la normativa entrará en vigencia tres meses después de la publicación de su reglamento.