Sueldos millonarios en superintendencias: 46 funcionarios ganan igual o más que presidente Kast

La administración pública se ve envuelta en una nueva controversia por las altas remuneraciones, luego de que se revelaran datos obtenidos de Transparencia Activa.

De acuerdo con los registros correspondientes a junio de 2026, se identificaron 46 funcionarios de 10 superintendencias que habrían recibido salarios iguales o superiores al del actual jefe de Estado.

Para poner en contexto la polémica, es importante destacar que el mandatario recibe un salario mensual bruto que supera los $11 millones. El informe señala que estos altos ingresos se encuentran en funcionarios de entidades clave para la regulación y fiscalización a nivel nacional.

Entre las instituciones donde se han detectado estas remuneraciones se encuentran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, y Casinos de Juego. También se suman la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.

El tema cobró relevancia pública después de una reunión llevada a cabo el martes pasado entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), según informó El Mercurio.

Aunque la reunión originalmente abordaba las remuneraciones de ciertos funcionarios de ambas cámaras del Congreso y de la biblioteca del Legislativo, el análisis se amplió a otros organismos estatales que presentan cifras similares.

Esta situación ha reavivado el debate sobre la escala salarial en el sector público y la legalidad de que existan cargos con ingresos equiparables o superiores a los del propio presidente.

Según los datos analizados, los salarios que compiten con el del jefe de Estado no están generalizados. Transparencia Activa indica que "los mayores sueldos serían percibidos principalmente por jefes de servicio, directivos y jefaturas".

Este descubrimiento ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político, enfocando la atención en la necesidad de revisar "la existencia de funcionarios cuyos ingresos igualan o superan al del jefe de Estado". La controversia sigue abierta mientras se examinan los criterios técnicos que justifican estas remuneraciones en el sector público chileno.