Autores de falsas amenazas de bomba enfrentan hasta 3 años de cárcel

Una serie de falsas amenazas en la Región de Coquimbo ha generado preocupación entre las autoridades judiciales y educativas. En menos de una semana se han reportado cuatro incidentes: una amenaza de bomba en la Feria Modelo de Ovalle el viernes, una alerta similar en el Colegio Altovalsol el lunes, y una falsa alarma de tiroteo en el Colegio Gabriela Mistral de La Serena el martes y miércoles.

La Fiscalía está investigando todos estos hechos. A pesar de no encontrarse artefactos explosivos ni indicios de tiroteo, emitir una amenaza falsa que movilice recursos públicos constituye un delito según el artículo 268 bis del Código Penal.

ES UN DELITO, NO UNA BROMA

El fiscal regional (s) de Coquimbo y fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez del Pino, enfatizó que este tipo de acciones tiene consecuencias legales claras. "Afortunadamente, en el caso de la Feria Modelo no existía ningún dispositivo que pudiera haber generado consecuencias nefastas, pero lo cierto es que igualmente es un delito alarmar o causar una conmoción pública. Según el artículo 268 bis del Código Penal, esto está tipificado como falsa alarma o de calamidad pública", indicó.

Gómez detalló que se están realizando diligencias para identificar a los responsables de estos actos. Confirmó que se han instruido acciones para esclarecer los hechos ocurridos en los colegios mediante investigaciones vigentes.

"Si bien es cierto que la gente podría pensar que no es un delito, claramente lo es. Aparte de la conmoción y el estrés que generan en quienes huyen de un lugar supuestamente peligroso, también implica destinar una gran cantidad de recursos institucionales que podrían ser utilizados en emergencias reales, en vez de este tipo de avisos o malas bromas, que de broma no tienen nada", agregó el fiscal.

El senador por la Región de Coquimbo, Matías Walker, recordó que las falsas alarmas están tipificadas y sancionadas por el artículo 268 bis del Código Penal. "Estas acciones no solo causan temor, sino que activan recursos públicos como el GOPE de Carabineros", señaló. Walker destacó la importancia de aplicar la ley efectivamente y avanzar en proyectos relacionados con inteligencia nacional.

La legislación vigente establece penas para quienes incurran en este tipo de delitos, incluyendo reclusión menor y multas significativas. En casos donde los autores son menores de edad, se aplica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Ante estos eventos, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui expresó su preocupación y destacó la activación de protocolos internos en los establecimientos afectados. Hicieron un llamado a padres y apoderados a involucrarse más activamente en la educación de sus hijos e hijas.

"Hacemos un llamado a generar climas adecuados para la enseñanza, desafío que nos convoca como sociedad en su conjunto", expresaron.

Pedro Esparza Olivares, director ejecutivo del SLEP Elqui, denunció estas amenazas anónimas y espera una investigación efectiva para prevenir futuros incidentes similares.

Fuente: DiarioElDia Región