Conflicto de interés entre alcaldesa y proveedor en RR.SS

La Contraloría Regional de Coquimbo ha presentado un informe que revela observaciones de carácter complejo, destacando un posible conflicto de interés entre la alcaldesa Carmen Juana Olivares y un proveedor, presuntas irregularidades en licitaciones públicas, fragmentación de compras y deficiencias en la gestión presupuestaria.

Uno de los hallazgos más relevantes señala la potencial participación de la alcaldesa en procesos de adquisición adjudicados a proveedores con los que mantenía vínculos personales. Según el informe, se encontraron fotografías en redes sociales donde la autoridad aparece junto a proveedores y familiares, así como otro proveedor al que calificó como "amigo de la juventud". La investigación determinó que la alcaldesa habría intervenido en etapas de adjudicación y pago de servicios, lo que vulnera el principio de probidad administrativa y las normas sobre abstención en situaciones que puedan afectar la imparcialidad.

En respuesta a esto, la Contraloría ha anunciado el inicio de un procedimiento disciplinario para esclarecer posibles responsabilidades administrativas. Otro punto crítico abordado en el informe corresponde a una licitación pública con una ejecución millonaria, donde se detectó una desviación significativa del presupuesto anual estipulado.

Además, se encontró que la proveedora adjudicada presentó documentación sanitaria incompleta para los productos suministrados. La Contraloría solicitó los antecedentes del procedimiento disciplinario interno instruido por el municipio para considerarlos en el sumario correspondiente.

El informe también destaca posibles casos de fragmentación de compras y tratos directos cuestionables. En este sentido, se observó que la municipalidad recurrió a tratos directos para adquirir agua potable argumentando emergencia por escasez hídrica, situación que se extendió por varios años y que según el organismo fiscalizador no puede considerarse como imprevista.

En cuanto al uso del royalty minero, la Contraloría concluyó que no se encontraron ilegalidades en su utilización para funciones municipales. Sin embargo, se hizo hincapié en las debilidades estructurales en la gestión administrativa que deben ser corregidas.

"En Río Hurtado somos todos vecinos y, de alguna manera, nos conocemos. Es muy difícil no conocer a las personas ni relacionarse amistosamente, sobre todo en mi caso, que soy alcaldesa y anteriormente fui concejala", expresó Carmen Juana Olivares al referirse al conflicto de interés señalado en el informe.

La alcaldesa enfatizó que fue separada de cualquier función relacionada con adjudicaciones y licitaciones, asegurando que nunca ha participado en dichos procesos ni formado parte de comisiones evaluadoras. A pesar del supuesto conflicto de intereses derivado de fotografías adjuntadas como prueba, Olivares descartó cualquier irregularidad al respecto.

Finalmente, lamentó la situación e hizo hincapié en el valor de los proveedores y emprendedores locales que contribuyen al desarrollo de Río Hurtado. Destacó la importancia de mantener cercanía con la comunidad y rechazó las acusaciones sobre posibles conflictos de interés basados únicamente en fotografías tomadas en redes sociales.