Delegación niega abastecimiento de agua en campamento La Varilla

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por la representante de la comunidad Buenaventura–La Varilla 4 en contra de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, luego de que se suspendiera el suministro de agua potable entregado mediante camiones aljibe al campamento.

El fallo, adoptado de manera unánime por la Primera Sala del tribunal, estableció que dicha decisión vulnera un derecho humano esencial: el acceso al agua potable. La resolución señala que el Estado debe garantizar este derecho y que la exclusión arbitraria de programas de emergencia hídrica vulnera garantías constitucionales fundamentales, especialmente considerando que durante 2025 la comunidad sí recibía el suministro, lo que generó una situación consolidada en el tiempo.

Asimismo, el tribunal advirtió que la privación del recurso expone a los residentes a riesgos sanitarios graves e inmediatos, afectando el derecho a la vida y a la integridad física. Durante los alegatos se indicó que en noviembre de 2025 el municipio habría propuesto una solución, sin que exista claridad sobre su implementación. La Corte concluyó que el problema persiste y que la Delegación se desentendió de su responsabilidad en el error administrativo que derivó en la suspensión del servicio.

Por ello, el tribunal ordenó que, en un plazo máximo de 30 días corridos, la Delegación Presidencial genere las instancias necesarias para entregar una solución efectiva al abastecimiento de agua potable, pudiendo convocar a todos los actores involucrados.

Tras conocerse la resolución, el ministro Felipe Pulgar Bravo explicó que, aunque pudo existir un error administrativo respecto de los criterios del programa de escasez hídrica, sus consecuencias no pueden recaer en la comunidad afectada. Añadió que el agua constituye un derecho vital de subsistencia, especialmente relevante al existir niños, niñas y adolescentes en el campamento, por lo que se instruyó conformar mesas de trabajo y coordinaciones que permitan restablecer el suministro del recurso.

Delegación apela al cumplimiento legal

A través de una declaración, la Delegación Presidencial Regional indicó que actúan en estricto apego al marco normativo vigente. "En el caso del Programa de Respuesta para la Emergencia Hídrica (PREH), regulado por la Circular N°7 de la Subsecretaría del Interior, sus recursos solo pueden destinarse a situaciones calificadas técnicamente como emergencia hídrica", detallaron.

"El instructivo establece que la falta de abastecimiento en loteos irregulares y asentamientos precarios no configura, por sí sola, una emergencia, por lo que no procede su financiamiento por esa vía", enfatizaron. Ante este escenario, señalaron que la Delegación Presidencial coordinará con los organismos sectoriales competentes la evaluación de alternativas dentro de las herramientas legales disponibles.

"El Estado llegó tarde"

Al respecto, Eileen Urqueta, diputada electa del PDG, sostuvo que "en Chile las resoluciones del Poder Judicial se respetan. Este fallo nos recuerda algo que va más allá del caso puntual: el acceso al agua potable es un derecho básico que el Estado debe garantizar, especialmente cuando se trata de familias vulnerables".

"Sin embargo, no podemos seguir resolviendo estas situaciones solo a través de recursos judiciales. Cuando el agua en un campamento depende de una orden de tribunal, significa que estamos llegando tarde como Estado", agregó. En esa línea, remarcó que "el desafío del próximo gobierno debe ser estructural: planificación territorial seria, regularización cuando corresponda, inversión en infraestructura y reglas claras para enfrentar la realidad de los asentamientos humanos. La dignidad de las personas no puede estar sujeta a errores administrativos ni a improvisaciones".

"Este caso no es solo un fallo; es una señal de que necesitamos políticas públicas preventivas, coordinadas y sostenibles en el tiempo", concluyó.