Estafa de “viajes fantasmas” en La Serena: 7 años de espera y fallecidos

Siete años de espera por justicia acumulan integrantes de diversos clubes de adultos mayores de La Serena, quienes denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa relacionada con viajes financiados con recursos del gobierno regional. Los afectados acusan paseos que nunca se realizaron, servicios deficientes y la inclusión de participantes inexistentes en las rendiciones de gastos.

Según sostienen, el paso del tiempo ha debilitado la causa. Varios denunciantes han desistido de continuar con las acciones judiciales ante la falta de avances, mientras que, al menos, seis de los afectados iniciales han fallecido sin ver resultados en el proceso.

La principal denuncia apunta a la agencia Turismo Cochiguaz, que en 2019 ofrecía viajes gratuitos a clubes de adultos mayores, financiados a través de fondos concursables del gobierno regional. Sin embargo, los beneficiarios aseguran que las condiciones prometidas no se cumplieron y que existirían graves irregularidades en la ejecución de los proyectos.

Este martes se esperaba una nueva audiencia clave en la causa, no obstante, la instancia fue reprogramada para el próximo 12 de julio, debido a diligencias pendientes solicitadas por el tribunal, lo que profundizó la frustración de los denunciantes.

Con documentos que respaldan su versión, Jacqueline Chandía, representante del Club de Adultos Mayores Fénix de La Serena, afirma que la presunta estafa afectó a, al menos, 47 organizaciones en la Región de Coquimbo. "Esto ocurrió en 2019 y ya hay seis personas fallecidas que no alcanzaron a ver justicia", lamenta.

La dirigenta relata que su club fue uno de los perjudicados. El viaje comprometido contemplaba un destino a Los Vilos, pero finalmente fueron trasladados a Combarbalá, con un programa reducido y condiciones deficientes. "Nos ofrecieron tres días y dos noches, pero el servicio no correspondía a lo prometido. Incluso se incluía un curso de capacitación que nunca existió", señala.

Además, denuncia cobros por servicios que no se habrían prestado. "Se cobraron cuatro coffee break por cerca de un millón de pesos, pero nunca recibimos nada. Solo tuvimos un paseo a un observatorio y el traslado fue en un bus pequeño, sin baño, siendo todos adultos mayores", agrega.

Pese a problemas de salud que la mantuvieron alejada de la causa durante un tiempo, Chandía asegura que retomó las gestiones en representación de quienes ya no pueden hacerlo. "Muchos confiaron en que seguiría adelante, y lo haré en su nombre", afirma.

La dirigenta también explica que presentó los antecedentes ante la Contraloría, organismo que elaboró un informe y derivó el caso al Consejo de Defensa del Estado, dada la eventual utilización irregular de recursos públicos. Actualmente, la causa se tramita como una querella criminal contra la responsable de la agencia.

"Lo más indignante es que, pese a todo lo que ha pasado, no hay sanciones. Incluso se está solicitando el sobreseimiento", cuestiona Chandía.

Por su parte, Gregorio Pardo, representante legal de un club de adultos mayores de El Molle, advierte sobre una situación aún más grave: la eventual falsificación de firmas de supuestos participantes en los viajes.

Según detalla, su hermana y otras personas fueron incluidas como asistentes en un viaje al que nunca concurrieron. "Sus firmas fueron falsificadas en documentos oficiales", afirma. A su juicio, esto podría configurar delitos como falsificación de instrumento público y malversación de fondos.

Pardo añade que aunque se realizaron peritajes caligráficos para acreditar la falsificación, los resultados se extraviaron y la investigación no prosperó. Ante ello, anunció que presentarán una nueva querella para reactivar el caso.

Por lo mismo, los afectados hicieron un llamado a otras posibles víctimas a denunciar y sumarse a las acciones legales. "No podemos permitir que esto quede impune. Se trata de adultos mayores que confiaron en un sistema que debía protegerlos", sostiene Chandía.

Asimismo recalcan la necesidad de contar con mayor apoyo legal para avanzar en el proceso y lograr que tras años de espera se establezcan responsabilidades y eventuales sanciones. 

Fuente: DiarioElDia Región