Funcionaria de Contraloría sin acreditación de honorarios

El juicio por presunto fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se reanudó con una nueva jornada de testimonios clave, centrada en el contraexamen a la comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, Marcela Gómez, quien encabezó las diligencias investigativas del caso.

Durante su declaración, la funcionaria policial sostuvo que el imputado Cristián Muñoz habría recibido importantes sumas de dinero provenientes de otros involucrados en la causa. Sin embargo, al ser consultada directamente sobre si existían antecedentes que acreditaran la falsificación de boletas, la emisión de informes de actividades o algún vínculo laboral del acusado con la entidad, fue enfática en señalar que no contaba con evidencia que permitiera afirmarlo, precisando además que Muñoz no era funcionario de la corporación.

No obstante, Gómez afirmó que la investigación permitió identificar otros antecedentes que vincularían a Muñoz con los hechos indagados. En ese sentido, señaló que se revisaron correos electrónicos intercambiados con su esposa, Nicole Cadena, en los que —según indicó— ambos coordinaban la elaboración de informes.

Asimismo, mencionó la declaración de la imputada Bélgica Guerra, quien lo habría sindicado como parte del grupo investigado y aseguró haberse sentido amenazada por él, relatando además una conversación en la que Muñoz le habría advertido que, si los hechos salían a la luz, le atribuiría toda la responsabilidad.

Contraloría entra en escena

Tras las declaraciones de la comisario, fue el turno de la contador público y auditora, Melissa Salas, funcionaria de Contraloría, quien detalló la forma en que el organismo comenzó a indagar las irregularidades al interior de la corporación municipal de La Serena.

La funcionaria explicó que el organismo está facultado para fiscalizar este tipo de instituciones con el fin de verificar el uso y destino de los recursos públicos administrados por estas entidades. Agregó que dicha labor se sustenta tanto en la normativa vigente como en el principio constitucional de probidad administrativa, el que también alcanza a funcionarios y directivos sujetos al control del organismo fiscalizador.

En su declaración, Salas detalló que en enero de 2023 recibió la instrucción de conformar un equipo de fiscalización para desarrollar una auditoría en la corporación. Según indicó, tras una reunión inicial con el entonces alcalde y autoridades de la entidad, se dio inicio a una investigación cuyo objetivo era revisar la contratación y el pago de prestadores de servicios a honorarios del Departamento de Salud entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

El equipo estuvo integrado por los fiscalizadores Muriel Moreno y Daniel Hernández, bajo la supervisión de la propia Salas, junto al jefe de la Unidad de Control Externo, Giovani Arancibia, y el entonces contralor regional, Hugo Segovia.

Uno de los puntos más relevantes de la declaración de la profesional dice relación con la detección de 19 prestadores de servicios a honorarios entre enero de 2020 y diciembre de 2021 cuyas labores no pudieron ser acreditadas. Estas observaciones estaban asociadas a boletas por un monto total $761.042.862.

La auditora agregó que desde la propia corporación confirmaron posteriormente esta situación "a través del certificado N°191 y N°216 donde se indica que efectivamente estas personas no prestaron servicios para la corporación".

Otro hallazgo expuesto fue la existencia una importante deuda tributaria. "También se determinó dentro dela fiscalización que la corporación mantenía una dueda ante Tesorería General dela República por más $2.500 millones por concepto del no pago dela retención impuestos a estas personas", señaló Salas.

Respecto dela metodología utilizada para llegar a estas conclusiones,la auditora explicó: "Dentro este detalle aparecía había muchos casos prestadores servicios no tenían OT es decir orden trabajo esa fue nuestra primera alerta".

La respuesta entregada porla entidad aseguróla funcionaria fue categórica: "la misma corporación nos indica no tenían contrato trabajo no prestaban servicios no habían prestado serviciosla corporación o algún centro salud familiar".

Para este jueves,en tanto se prevé sigan declarando más testigos.

Fuente: DiarioElDia Región