Funcionario fraudulento compra medicamentos a precio excesivo

El Hospital San Juan de Dios de La Serena ha presentado una querella criminal luego de descubrir graves irregularidades en sus procesos internos de compra, especialmente en el área de Economato. La denuncia, inicialmente dirigida contra el funcionario encargado de compras ágiles, busca investigar posibles delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, administración desleal y cohecho.

La acción judicial se basa en un exhaustivo análisis realizado por la Unidad de Convenios del Subdepartamento de Abastecimiento, que durante la revisión de compras realizadas entre 2023 y 2025, encontró inconsistencias significativas en precios, cambios de proveedores y patrones de adjudicación que podrían violar la normativa vigente.

Según el hospital, a partir de marzo de 2024 se empezaron a notar diferencias importantes entre los valores históricos de productos del economato y los montos pagados en los procesos de Compra Ágil y trato directo. Se detectó una "preferencia sistemática" por ofertas más caras y la declaración injustificada de inadmisibilidad para propuestas más económicas.

Uno de los aspectos más llamativos fue el uso repetido del criterio "plazo de entrega en un día" para descartar ofertas, incluso cuando no era un requisito esencial o razonable. Esto va en contra de los principios básicos establecidos en la Ley 19.886 y su reglamento.

En un caso específico, una orden de compra recibió siete ofertas en un solo día. Seis fueron rechazadas sin fundamentos claros, adjudicándose finalmente la opción más costosa con una diferencia significativa respecto a la propuesta más barata.

Otro proceso reveló que las cotizaciones habrían sido elaboradas internamente por el ejecutivo de compras sin documentos válidos emitidos por proveedores, lo cual incumple la normativa de compras públicas.

La investigación interna también observó patrones que podrían indicar coordinación comercial entre dos proveedores habituales. En distintas licitaciones presentaron precios idénticos o con incrementos proporcionales, lo que podría ser una estrategia para mantener una apariencia de competencia.

En total, se estima un perjuicio patrimonial cercano a los $500 millones debido a sobreprecios y direccionamiento de compras.

La querella presentada por el hospital y el Servicio de Salud Coquimbo busca esclarecer posibles delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho. Los hechos podrían corresponder a estas figuras penales según el escrito presentado.

La detección del presunto fraude fue posible gracias a la modernización de los mecanismos de control del hospital, especialmente el sistema administrativo ADHARA implementado en 2024. La directora (s) del hospital, Carla Ahumada, destacó que pudieron identificar patrones irregulares gracias al cruce sistemático de datos realizados por las unidades internas.

El descubrimiento motivó acciones inmediatas como la denuncia al Ministerio Público, apertura de un sumario administrativo, separación temporal del funcionario involucrado, resguardo de equipos y registros, así como una revisión completa del proceso de compras. Además, se entregaron antecedentes a la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y la Unidad de Análisis Financiero.

El director del Servicio de Salud Coquimbo señaló que tras detectar las compras maliciosas se instruyó un sumario para establecer responsabilidades administrativas y penales con celeridad. Aunque aseguró que esta situación no afecta la continuidad operativa ni los procesos regulares del hospital.

La investigación sigue en curso para determinar si hay más funcionarios o proveedores involucrados en estas irregularidades.