Entrega irregular de licencias a deudores de alimentos

Por: Romina Onel

Gran controversia ha causado la información revelada por la Contraloría General de la República, respecto a las infracciones cometidas por distintos municipios del país, en cuanto al otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, algo que está prohibido desde noviembre del 2022, por la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Y es que de acuerdo al Cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC) entre noviembre de 2022 y diciembre del 2024, 242 municipalidades del país otorgaron o renovaron 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.

De acuerdo a un documento de la Contraloría al que el diario El Día tuvo acceso, en ese periodo de tiempo, 10 municipalidades -La Serena, Coquimbo, Ovalle, Salamanca, Monte Patria, Punitaqui, Los Vilos, Combarbalá , Illapel y Canela-, otorgaron y/o renovaron 418 licencias a 221 personas con esta condición.

CONTEXTO LEGAL

La Ley N° 21.389 estableció en su Artículo transitorio que el Registro Nacional entraría en vigencia en noviembre del año pasado. Desde esa fecha los municipios quedaron obligados a consultar este registro antes y rechazar solicitudes si el solicitante figuraba como deudor.

Sobre esto y las consecuencias para los funcionarios implicados en estos casos Bryan Véliz abogado especializado sostuvo que "si bien ya existía una ley previa sobre retención por pensión alimenticia esta nueva normativa establece sanciones concretas para quienes omitan esta consulta". Además añadió que una vez inscrito un deudor, debe reflejar toda la deuda pendiente.

MEDIDAS

Véliz sugiere revisar todas las licencias entregadas durante este período para determinar incumplimientos; revocar aquellas entregadas a personas inscritas; aplicar sanciones según lo estipulado; y comprometerse con una fiscalización más estricta para evitar futuras irregularidades.

Agregó también que "no es un simple error administrativo sino una vulneración grave ya que afecta directamente la estabilidad financiera familiar".

TOMA DE RESPONSABILIDAD

Sobre este tema la Diputada Carolina Tello afirmó "es urgente reforzar fiscalización y coordinación entre instituciones" mientras Nathalie Castillo señaló "una grave falta a la normativas sobre responsabilidad parental". Por su parte Camila Sabando Seremi de la Mujer y Equidad de Género Coquimbo advirtió, seguirán difundiendo normativas para proteger los derechos.

Fuente: DiarioElDia Región