Debate legislativo sobre contratos por hora: desafío de evitar precarización laboral

La Comisión de Trabajo del Senado retomará la discusión de una iniciativa presentada en 2018 que permitiría la contratación por horas. El Ejecutivo evalúa entregar su patrocinio en medio de un escenario marcado por el aumento del desempleo y la necesidad de impulsar nuevas fórmulas de inserción laboral.

Con una tasa de desempleo que alcanzó el 9,1% en el trimestre febrero-abril, el mercado laboral vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública. En este contexto, la Comisión de Trabajo del Senado reactivará el análisis de un proyecto de ley que propone incorporar una nueva modalidad de jornada laboral dentro del Código del Trabajo.

La iniciativa busca permitir que trabajadores y empleadores acuerden jornadas de hasta 120 horas mensuales o 30 horas semanales, bajo condiciones previamente establecidas y con una serie de mecanismos destinados a compatibilizar flexibilidad y protección laboral.

Sin embargo, especialistas advierten que la discusión no debe centrarse únicamente en la creación de esta modalidad, sino también en las garantías que acompañarán su implementación. El debate surge en un momento en que diversos sectores buscan fórmulas para ampliar el empleo formal y facilitar el ingreso de más personas al mercado laboral.

Para Camila Cárdenas, directora de Litigación y socia de Soy Honorario, es importante precisar que la propuesta no crea una nueva categoría de trabajador, sino una nueva forma de distribuir la jornada laboral. “Más que hablar de un tipo de contrato, estamos hablando de un tipo de jornada. El trabajador sigue siendo trabajador y no pierde esa calidad. Lo que se busca es incorporar una nueva alternativa al catálogo de jornadas que actualmente contempla el Código del Trabajo”, explica.

La abogada sostiene que esta herramienta podría contribuir a formalizar actividades que hoy operan bajo esquemas precarios o informales. “Puede ser una herramienta útil desde el punto de vista de la formalización de trabajadores que actualmente prestan servicios a honorarios o mediante boletas, especialmente en sectores como el turismo y la gastronomía, donde muchas personas trabajan sin acceso a un contrato de trabajo ni a la protección laboral que este otorga”, señala.

No obstante, Cárdenas advierte que el proyecto, en su redacción actual, presenta aspectos que requieren una revisión cuidadosa durante la tramitación legislativa. “Hay que ser muy cautos porque la propuesta contiene vacíos normativos que, sin una técnica legislativa adecuada, podrían terminar trasladando la incertidumbre al trabajador más que al empleador”, afirma.

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es que contempla ciertos resguardos para quienes sean contratados bajo esta modalidad. Entre ellos, establece que si el empleador incumple las condiciones exigidas por la ley, se presumirá la existencia de una jornada completa, otorgando al trabajador todas las remuneraciones y prestaciones asociadas a esa condición.

Asimismo, el proyecto garantiza el pago de al menos el 75% de las horas pactadas cuando estas no sean utilizadas por decisión del empleador, además de reconocer derechos como colación, horas extraordinarias y acceso a la totalidad de las garantías contempladas en el Código del Trabajo.

Para la especialista, el éxito o fracaso de esta reforma dependerá precisamente del equilibrio que logre alcanzar entre flexibilidad y protección. “La clave está en el sistema de protección que acompañe este proyecto, porque sin eso la flexibilidad puede transformarse en precariedad. Si eso ocurre, se terminaría alejando del objetivo original de la iniciativa, que es promover más empleo formal y mejores oportunidades laborales”, concluye.

Con el respaldo que podría entregar el Gobierno y el inicio de su revisión en la Comisión de Trabajo del Senado, la propuesta vuelve a instalar un debate que promete marcar la agenda laboral de los próximos meses y que podría redefinir la forma en que miles de personas se incorporan al mercado laboral chileno.