Detenido abogado en formalización por prestar teléfono a gendarme imputado

Un nuevo episodio se sumó este lunes a la investigación por corrupción carcelaria conocida como Operación Apocalipsis, luego de que un abogado fuera detenido por facilitar un teléfono celular a uno de los gendarmes imputados, permitiéndole realizar una comunicación no autorizada mientras se encontraba bajo custodia judicial.

El hecho quedó al descubierto minutos antes del inicio de la cuarta jornada de formalización contra los funcionarios de Gendarmería involucrados en la red, luego de que una capitana de la institución denunciara la situación ante el 12.º Juzgado de Garantía de Santiago durante la mañana. Según los antecedentes expuestos, el dispositivo fue entregado con el objetivo de enviar un mensaje de voz a una persona que aún no ha sido identificada.

La irregularidad fue detectada por excompañeros del propio imputado al interior de Gendarmería, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la denuncia ante el tribunal. A raíz de ello, el abogado Gabriel Zambrano fue detenido en el Centro de Justicia, constituyéndose un fiscal de flagrancia para tomar conocimiento de los hechos, según informó BioBioChile.

Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ahora indaga eventuales delitos vinculados a obstrucción a la investigación y vulneración de medidas judiciales.

Este nuevo antecedente se produce en el marco de la masiva formalización iniciada el viernes pasado, que involucra a 47 gendarmes y 23 civiles acusados de integrar una extensa red de corrupción al interior de distintos recintos penitenciarios de la capital. En ese contexto, la Fiscalía Occidente solicitó arresto domiciliario total para seis civiles identificados como “manilleros”, medida que fue acogida por el tribunal, junto con un plazo de investigación de 300 días.

Asimismo, se decretó prisión preventiva para dos imputados, mientras que la aplicación de la misma medida para otros 62 involucrados permanece aún pendiente de resolución. Por esta razón, los acusados comparecieron este lunes en calidad de detenidos en tránsito.

La investigación ha permitido establecer que la red operó desde enero de 2020 en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1, y estaría compuesta por nueve organizaciones criminales, vinculadas a delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho y soborno.