Medidas solicitadas por chilenos a funcionarios públicos con licencias médicas

El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, ha calificado la revelación sobre los más de 25 mil funcionarios del aparato estatal que viajaron al extranjero durante 2023 y 2024 gracias a licencias médicas como una oportunidad inmejorable para modificar el régimen de empleo público.

La Contraloría General de la República lideró una investigación que ha abierto un nuevo foco de cuestionamientos sobre las irregularidades en el funcionamiento del Estado. Esto ha generado preocupación en la ciudadanía nacional tras denuncias emblemáticas como los casos de Convenios o Audios.

Un sondeo realizado por la Universidad San Sebastián, denominado “Chile nos habla”, reveló que el 96,8% de los encuestados considera que el uso de licencias médicas para viajes al extranjero está mal o muy mal. Solo un 0,4% cree que está bien, mientras que un 2,8% se muestra indiferente.

En cuanto a las acciones a tomar en caso de comprobarse el mal uso de las licencias, un 69,9% de los encuestados sugiere exigir el reembolso del pago a los trabajadores que viajaron al extranjero. Además, un 64,2% opina que se debería desvincular a esos funcionarios.

Otras medidas propuestas incluyen investigar a los profesionales de la salud que emiten las licencias (44,9%), tomar acciones legales contra los funcionarios públicos involucrados en el fraude (41,7%) e instruir sumarios administrativos (40,9%).

Alejandro Weber expresó su preocupación ante esta situación: “Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal y déficit en las cuentas públicas, es doloroso constatar que este fraude se financió con los impuestos pagados por todos los chilenos.”

El Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), señaló la necesidad urgente de aumentar la fiscalización para evitar el uso malicioso de las licencias médicas y garantizar consecuencias para quienes las solicitan y emiten.

Según el sondeo realizado, un 71,6% considera que la falta de consecuencias para quienes solicitan las licencias es una causa importante del problema. Asimismo, un 63,9% atribuye la situación a la falta de consecuencias para quienes emiten las licencias y un 39,7% menciona la falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

El director ejecutivo del IPSUSS sugiere evaluar medidas como disminuir gradualmente el subsidio durante la licencia para incentivar la reincorporación temprana y revisar la temporalidad de las incapacidades prolongadas.

Ante la pregunta sobre las posibles consecuencias para los funcionarios públicos involucrados en este escándalo, el 58,4% cree que no habrá ninguna acción. Solo un 30% espera medidas leves y un 11% confía en que se tomarán medidas importantes para prevenir casos similares en el futuro.