Mujer indemnizada con $100 millones por embarazo inviable en Chile

Una resolución judicial sin precedentes ha sentado un hito en el ámbito de los derechos reproductivos en el sistema judicial chileno. Se ha ordenado el pago de una indemnización de $100 millones a favor de Catalina Pizarro.

La afectada se vio obligada a llevar a término la gestación de su hija Clara, a pesar de saber, desde las 12 semanas de embarazo, que la condición médica del feto era incompatible con la vida.

A pesar del diagnóstico desfavorable, su médico tratante le negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que la patología específica no estaba contemplada en el reglamento técnico para autorizar el procedimiento bajo la causal de inviabilidad fetal. Como resultado de esta negativa institucional, Pizarro tuvo que esperar dos meses en su hogar el desenlace fatal.

Este periodo de espera forzada tuvo graves consecuencias emocionales y un daño psicológico duradero en la paciente. Al recordar la experiencia de mantener una gestación sin viabilidad médica, Pizarro expresó: “Es como estar al borde de la locura”.

Según informa Biobio Chile, la mujer describió las secuelas de permanecer en casa sabiendo que el embarazo no llegaría a buen término, manifestando: “En ese tiempo que uno está en casa, uno de verdad se siente como si uno fuera la muerte”.

En relación con los controles médicos y la evolución clínica observada en las ecografías, la madre agregó: “Al ver la ecografía y ver cómo se descomponía, cómo su corazón iba explotando de a poco, es horrible”.

La decisión judicial estableció la responsabilidad por la violación del derecho a recibir atención médica garantizada por la legislación sobre el aborto legal. En Chile, la normativa actual permite interrumpir un embarazo bajo tres causales específicas: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal letal y violación.

La sentencia reconoció los daños derivados de la falta de asistencia médica y reavivó el debate público sobre la implementación práctica y los criterios médicos que regulan el acceso real a la ley de tres causales en el país.