Tribunal rechaza prisión preventiva en Caso ProCultura

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó una decisión relevante este martes al rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en el marco del caso ProCultura. El magistrado a cargo, Patricio Álvarez, también descartó la medida cautelar de arresto domiciliario total solicitada por la Fiscalía.

De esta manera, los cuatro imputados en este caso, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme, quedaron en libertad, aunque con la restricción de arraigo nacional que les impide salir del país mientras avanza la investigación.

Tras esta determinación judicial, se estableció que los acusados solo tendrán la prohibición de abandonar el territorio nacional, sin otras limitaciones personales. Además, se fijó un plazo de investigación de 90 días para que el Ministerio Público continúe recopilando pruebas en el caso.

A su salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín optó por no hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Más tarde, el abogado Cristian Arias, vinculado a la defensa de la Fundación ProCultura, comentó la resolución del tribunal y respaldó su fundamentación. Según él, el juez no encontró elementos suficientes para sostener las acusaciones presentadas por la Fiscalía.

Arias afirmó que la posición del Ministerio Público "carecía de sustento serio" y que durante la audiencia no se demostraron indicios de fraude. También destacó que Alberto Larraín no estaba involucrado en malversación de fondos públicos ni ejercía funciones como funcionario público, aspectos considerados por el tribunal al evaluar las medidas cautelares.

Sobre las críticas hacia ProCultura, el abogado aseguró que "todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos ficticios, sino completamente reales, aunque puedan ser cuestionables en términos administrativos. El tribunal no encontró elementos penales significativos. Es crucial tener esto claro".

Con esta resolución, el proceso del caso ProCultura continuará en fase investigativa sin medidas restrictivas de libertad para los imputados. El desarrollo del caso estará marcado por las diligencias realizadas durante los 90 días establecidos por el tribunal, un periodo clave para definir el curso del proceso judicial.