Fiscalía acredita delito de suicidio femicida en Caldera

El fiscal jefe de la comuna, Alvaro Córdova Carreño, resaltó la labor investigativa realizada en colaboración con la Brigada de Homicidios de la PDI, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), así como el respaldo legal de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional y el municipio en su rol de querellante.

Tras una investigación penal liderada por la Fiscalía Local de Caldera, que implicó la coordinación con diversas entidades y el constante apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, se logró una sentencia condenatoria contra un imputado investigado por su participación en el delito de suicidio femicida.

El caso, ocurrido en noviembre del año 2023, fue formalizado en enero de 2025 ante el Juzgado de Garantía local. Durante la audiencia, se reveló que el imputado, quien mantenía una relación con la víctima y compartían un hijo, ejercía acciones autoritarias sobre ella mediante maltrato físico y psicológico para imponer su voluntad. La mujer confesó estos antecedentes a sus familiares, mientras que vecinos corroboraron episodios de violencia intrafamiliar en su residencia.

En palabras del fiscal jefe Alvaro Córdova Carreño: “El día en que se comunicó el fallecimiento de la víctima como Fiscalía nos constituimos en el lugar, dada la instrucción institucional referida a indagar toda muerte de una mujer como un hecho violento. Ello nos llevó a reunir los primeros antecedentes que fueron trabajados con la Brigada de Homicidios de la PDI y que derivaron en una investigación por el delito de suicidio femicida. Caso en el que además se contó con el apoyo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional”.

El fiscal destacó la buena coordinación entre las autoridades policiales y los profesionales de URAVIT durante esta investigación sobre un delito relativamente nuevo y poco común en el país. Asimismo, resaltó el papel del Servicio Médico Legal y la Municipalidad de Caldera en brindar apoyo a la familia tanto médico como legalmente.

Gracias a esta labor investigativa, se logró presentar los antecedentes ante el Juzgado de Garantía local, donde mediante un procedimiento abreviado se obtuvo una condena contra el imputado por su responsabilidad en los hechos. Este fue sentenciado a 3 años y un día de presidio, pena que deberá cumplir efectivamente en un centro penitenciario.

Finalmente, se informó que la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la sentencia luego de rechazar los recursos legales presentados por la defensa del condenado.