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Abogados defensores cuestionan acusación del fiscal en juicio oral
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Abogados defensores cuestionan acusación del fiscal en juicio oral

Los abogados defensores critican al Ministerio Público por una imputación considerada excesiva y sin distinguir responsabilidades individuales en el caso de la Corporación Gabriel González Videla.

22 de junio de 2026

Este lunes, las defensas de los principales imputados cuestionaron la forma en que el Ministerio Público construyó la acusación de fraude en contra de sus clientes, sosteniendo que se habría configurado una imputación "excesiva" y sin distinción suficiente entre los distintos involucrados.

En este contexto, el abogado Pedro Orthusteguy, defensor de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, afirmó que su estrategia no busca desconocer los hechos investigados ni su gravedad, sino discutir la calificación jurídica de la acusación y la forma en que se atribuye participación a cada imputado.

"La acusación fiscal ha realizado una construcción jurídica excesiva, que no se condice con la prueba efectivamente producida",

sostuvo, advirtiendo además un problema de congruencia con la acusación. Orthusteguy centró su alegato en seis ejes, entre ellos, el período de ocurrencia de los hechos, asegurando que la acusación extendió los hechos hasta 2022, 2023 y 2024, lo que —a su juicio— no estaría respaldado por la prueba rendida.

Según la defensa, la participación de sus representados se habría limitado hasta septiembre de 2021, fecha en que se emitió la última boleta atribuida a ellos, mientras que la continuidad posterior del mecanismo habría correspondido exclusivamente a Bélgica Guerra.

El abogado además sostuvo que el mecanismo investigado se arrastraría desde al menos 2015, contradiciendo la tesis de la fiscalía sobre su origen. En esa línea, señaló que testigos de la causa darían cuenta de emisiones de boletas falsas desde 2018, atribuidas a otras personas vinculadas al esquema.

Otro de los puntos planteados fue la supuesta desconexión entre los programas públicos administrados por la corporación y el mecanismo de boletas cuestionado. Orthusteguy afirmó que los programas asociados a Nicole Cadena no habrían sido afectados materialmente, sino que los códigos contables habrían sido utilizados solo como "formalidad administrativa" para el pago de boletas.

También sostuvo que los fondos involucrados en los programas auditados —del orden de $350 millones— no coincidirían con el monto total del perjuicio fiscal investigado, el cual bordearía los $762 millones.

"En consecuencia, la pregunta es qué programas o fondos fueron efectivamente afectados. La respuesta es que no existe claridad",

señaló la defensa.

En tanto, el abogado Román Zelaya, defensor de Bélgica Guerra y Marcos Seura, abrió su intervención con cuestionamientos generales a la acusación, afirmando que el caso refleja una "imputación generalizada" sin distinción suficiente entre los involucrados. A juicio del defensor, el Ministerio Público habría construido una acusación amplia, imputando múltiples delitos a todos los participantes sin un análisis individualizado de responsabilidades.

"Se termina, en la práctica, acusando a todos por todos los delitos posibles",

sostuvo Zelaya. El abogado mencionó que en el caso de Bélgica Guerra se solicita 42 años de presidio y para otros imputados como Marcos Seura las penas solicitadas alcanzarían cerca de 30 años.

Respecto de Marcos Seura, la defensa indicó que se le atribuye haber recibido remuneraciones y posteriormente transferido dineros a distintos involucrados del esquema sin pruebas de adquisición de bienes o sociedades.

"¿Existen propiedades adquiridas con estos dineros? No. ¿Existen sociedades constituidas? No",

planteó el abogado. En cuanto a Bélgica Guerra, la defensa sostuvo que habría recibido transferencias principalmente en movimientos entre cuentas personales sin estructuras complejas ni retornos encubiertos.

El abogado también se refirió a la acusación por asociación ilícita señalando que lo existente sería coordinación entre personas vinculadas al mecanismo investigado pero no una estructura típica de asociación ilícita.

Finalmente, respecto al caso de Marcos Seura planteó que se encuadraría mejor en el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones y no en fraude al fisco según jurisprudencia dictada en casos similares dentro del mismo proceso judicial.

Cabe indicar que durante la tarde del martes se realizarán las réplicas y dúplicas correspondientes antes del veredicto final.



Fuente: DiarioElDia Región
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