Alcalde de Los Vilos con arraigo nacional por explosión en liceo

En el transcurso de la jornada de hoy jueves, el Juzgado de Garantías de Los Vilos llevó a cabo la audiencia de formalización en contra del alcalde Cristian Gross Hidalgo. Este fue imputado por el cuasidelito de lesiones graves tras la explosión ocurrida el 25 de abril de 2024 en la sala de gastronomía del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, establecimiento cuyo sostenedor es el propio jefe comunal. El incidente dejó con graves quemaduras a la profesora Marcela Cortés, quien resultó con lesiones en el rostro y cuerpo.

Según lo expuesto por la fiscal adjunta Lady Dubó, el establecimiento operaba desde 2018 sin la certificación técnica de sus instalaciones de gas, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), requisito esencial para su funcionamiento seguro. De acuerdo con la acusación, el liceo presentaba deficiencias estructurales y de seguridad, entre ellas una cañería con llave de paso de gas licuado sin sellar ni conectar a ningún artefacto, lo que permitió la acumulación del combustible al interior de la sala. Al encender un fósforo, la docente provocó accidentalmente una explosión que generó una onda expansiva y fuego de alta intensidad.

El Ministerio Público atribuye al alcalde Gross la omisión de medidas de fiscalización y control sobre las condiciones de seguridad del recinto, infringiendo la normativa establecida en el Decreto Supremo N°66 de 2007 y la Resolución Exenta N°29.738 del Ministerio de Energía.

Tras la formalización, la fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de arraigo nacional, argumentando la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado durante la investigación, solicitud a la que adhirió la parte querellante. A pesar de la oposición de la defensa, el tribunal acogió la petición y decretó la prohibición de salir del país mientras dure el proceso.

El magistrado justificó esta medida señalando "la gravedad del hecho y su connotación pública", considerando que "la negligencia pudo haber tenido consecuencias aún más graves". El plazo de investigación fue fijado en 180 días, aunque se autorizó al alcalde Gross a viajar a la provincia de San Juan, Argentina, entre el 20 y el 22 de noviembre para participar en un encuentro relacionado con sus funciones municipales.