Continúa desalojo de La Varilla sin fecha concreta

En julio de este año, el desalojo de La Varilla parecía comenzar a tomar forma. El 13 de ese mes, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunciaba que había solicitado formalmente al Ministerio de Seguridad Pública intervenir el asentamiento luego de reunirse con el ministro Martín Arrau. En aquella oportunidad aseguró que existía "luz verde" para avanzar y manifestó su expectativa de que pronto pudieran concretarse acciones específicas.

Incluso se informó de una planificación preliminar que proyectaba concretar la medida dentro de dos meses. La información instaló la expectativa de que el procedimiento pudiese materializarse durante septiembre. Sin embargo, al día 4 de ese mes todavía no se había ingresado formalmente la solicitud necesaria para incorporarlo al calendario de desalojos.

Es que más que un plazo administrativo incumplido, es un proceso que involucra a distintas instituciones y necesita completar una serie de etapas antes de llegar a una eventual intervención. Y sin fecha y acciones concretas, la alcaldesa Daniela Norambuena volvió a cuestionar la situación que se vive en el sector y planteó la necesidad de una actuación más amplia del Estado. "Lo que sucede en La Varilla denota la total ausencia de control estatal", criticó.

En ese sentido, la interrogante actual es cuándo las gestiones podrán transformarse en un procedimiento concreto. Según sostienen desde el municipio, actualmente se está colaborando con los organismos involucrados y proporcionando los antecedentes requeridos, formalizando gestiones ante los organismos con competencias en la materia.

Desde la delegación presidencial regional, en tanto, sostienen que los procesos de desalojo y restitución administrativa requieren una planificación que considere variables legales, técnicas y de seguridad.

"Los procesos de restitución administrativa y desalojo de ocupaciones irregulares responden a una planificación técnica minuciosa que prioriza la seguridad, el cumplimiento de los márgenes legales y la evaluación constante del riesgo territorial", indicó Víctor Pino Fuentes, delegado presidencial.

Para la autoridad, además, el hecho de que un sector no se encuentre en la nómina inmediata de procedimientos no quiere decir que haya dejado de ser considerado. "Los calendarios de restitución se configuran de acuerdo a múltiples factores que deben converger. Que un sector no figure en la nómina inmediata de ejecuciones no significa que esté invisibilizado; responde a que se encuentra en una etapa donde se debe hacer un levantamiento catastral y análisis jurídico previo para garantizar que, al momento de ejecutar la medida, se cuente con todo el respaldo legal y operativo necesario", afirmó.

Lo señalado por la autoridad permite explicar parte de la distancia entre el anuncio realizado en julio y la situación actual del procedimiento. En septiembre ya se había advertido que faltaban pasos administrativos para trasladar un eventual desalojo hacia su fase operativa.

A ello se suma la complejidad particular de La Varilla. Antecedentes publicados previamente por El Día muestran que en el sector existen realidades distintas, desde campamentos y ocupaciones ilegales hasta pequeños agricultores y familias vinculadas a arriendos productivos regularizados por Bienes Nacionales.

Desde la delegación aseguran, en todo caso, que las coordinaciones con el municipio continúan y que también se han desarrollado gestiones desde el nivel central.

"Ya se han hecho visitas técnicas y distintos avances. Se continúa también levantando antecedentes para consolidar el diagnóstico territorial y definir la factibilidad temporal de las intervenciones dentro de los próximos meses", puntualizó.

De esta forma, si bien se habla de avances y de intervenciones dentro de los próximos meses, hasta ahora no se ha comunicado una fecha específica para ejecutar el desalojo.

Los pasos necesarios para una intervención

Otro punto clave para entender por qué el procedimiento todavía no llega a su fase definitiva tiene que ver con las atribuciones y responsabilidades de los diferentes organismos involucrados.

La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, explica que el ingreso de un procedimiento al calendario de desalojos corresponde a la delegación presidencial regional. Respecto a los antecedentes necesarios para sustentar las resoluciones, agrega que estos deben ser aportados por las entidades que poseen derechos sobre los terrenos.

Seguridad Pública participa en la evaluación de riesgos y la coordinación con las policías frente a un eventual procedimiento. De acuerdo con Duarte, ese trabajo puede comenzar incluso antes de que concluya completamente la etapa jurídica y administrativa.

"La seremi puede intervenir desde la planificación del desalojo, para evaluar riesgos y coordinar con las policías las medidas de seguridad. Su participación no requiere esperar al término de la etapa jurídico-administrativa", explicó.

Pero planificación no significa ejecución inmediata. Para concretar un desalojo, recalca la autoridad, tiene que existir el respaldo jurídico necesario para llevar adelante la medida.

A modo comparativo, Duarte menciona el procedimiento actual en INIA Los Vilos. "Ya estamos trabajando en una mesa intersectorial junto a la municipalidad para coordinar el desalojo. El proceso presenta avances significativos en su etapa jurídico-administrativa", dijo.

Así, mientras desde los organismos gubernamentales se explican las etapas pendientes para una eventual restitución administrativa, desde el municipio serenense mantienen la presión para alcanzar una solución sosteniendo que el problema requiere intervención estatal multiinstitucional.

Fuente: DiarioElDia Región