Denuncian intento de intervención a telefónos de periodistas

La solicitud de la fiscalía para intervenir los teléfonos celulares de once periodistas en el marco de la investigación contra el abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios, ha generado un amplio rechazo en el mundo de las comunicaciones.

La Federación de Medios de Comunicación Social (FEMES) expresó su "más profundo rechazo ante el grave precedente que esta acción judicial podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile". En un comunicado, la entidad recordó que este tipo de medidas vulnera la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, la cual establece que los profesionales de la prensa "tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa".

"La acción emprendida pone en riesgo la libertad de prensa y vulnera el trabajo periodístico, pilar fundamental en una democracia sana y transparente", subraya el texto.

La federación destacó que "la historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Amedrentar y perseguir el trabajo de la prensa representa un retroceso democrático".

Según Pedro Anguita, abogado y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, los periodistas gozan del derecho a no revelar la identidad de sus fuentes, lo que es esencial en el periodismo investigativo. Anguita reconoció que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar diligencias en sus investigaciones, pero advirtió que "medidas intrusivas como intervenir teléfonos deben pasar por un control judicial riguroso". En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud.

Cristian Muñoz, periodista y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, señaló que "limitar las herramientas de los periodistas para cumplir esa misión es un muy mal antecedente". Destacó que "proteger el derecho a informar y el secreto de las fuentes son la base del periodismo de investigación y del control ciudadano del poder".

El presidente del Colegio Regional de Periodistas de Coquimbo, Fernando Miranda, calificó la solicitud fiscal como "una acción inconstitucional e infundada que atenta directamente contra la libertad de prensa". Expresó su preocupación por los ataques al periodismo desde ciertos sectores políticos y advirtió sobre posibles retrocesos para la democracia si se limita el ejercicio periodístico.

Tanto las organizaciones de prensa como los académicos coinciden en que proteger la reserva de las fuentes no solo beneficia a los periodistas, sino también al derecho ciudadano a estar informado. La FEMES hizo un llamado a las autoridades "a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas".