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Informe de Contraloría revela irregularidades en GORE 2024
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Informe de Contraloría revela irregularidades en GORE 2024

El informe de la Contraloría expone deficiencias en el control interno del Gobierno Regional, incluyendo contratación de personal inhabilitado, uso indebido de vehículos fiscales y propaganda encubierta.

20 de julio de 2025

Un lapidario informe es el que emitió la Contraloría Regional sobre el Gobierno Regional, GORE, correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre del 2024, parte final de la administración de Krist Naranjo y su reemplazante Wladimir Pleticosic, donde detalla una serie de presuntas irregularidades y faltas a la norma, y donde también hace sugerencias.

Se trata del informe N° 968/2024, fechado el 10 de julio de 2025, que presenta los resultados de una auditoría realizada al GORE de Coquimbo respecto a los gastos ejecutados, estado de las transferencias y uso de recursos públicos. El análisis incluye además denuncias por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y autoridades durante ese período.

Precisamente, uno de los aspectos más delicados del informe señala que la consejera regional, Ximena Ampuero también funcionaria del Hospital San Pablo de Coquimbo, fue observada por haber recibido un pago por más de 10 millones de pesos sin haber realizado la devolución correspondiente de 12 horas semanales autorizadas para funciones gremiales. Según el informe, durante meses no registró ingreso ni salida en el sistema de control de asistencia, ni se le asignaron funciones efectivas en el centro de salud. La Contraloría ordenó al hospital iniciar un proceso disciplinario y exigir el reintegro del dinero pagado indebidamente.

"Contraloría emitió este informe en el cual salgo aludida, pero considerando estas 12 horas no son horas no trabajadas dentro del hospital, es un desorden administrativo, nunca pudieron como observar de que yo entregaba mis documentos y que efectivamente esto debería ser devuelto y bueno, se solucionó. Yo tengo que pagar, obviamente, ese dinero que es por horas no trabajadas y tengo que pagar también hasta la fecha. Me reuní con el director y con el subdirector, quedamos que desde el mes de julio se me empieza a hacer el descuento correspondiente mensualmente como tenía que haber sido desde el primer momento", señaló la consejera regional.

Por otra parte, el informe del ente fiscalizador revela deficiencias en el control interno del GORE, como contratación de funcionarios inhabilitados, uso indebido de vehículos fiscales y propaganda electoral encubierta durante la administración regional del año pasado.

Otro hallazgo importante fue la contratación -bajo modalidad de honorarios- de una persona previamente destituida de un cargo público sin solicitar la declaración jurada exigida por ley para asegurar la idoneidad del profesional. Por este concepto, el GORE pagó más de 3.5 millones de pesos improcedentemente.

El informe también menciona deficiencias en el uso político de redes sociales y plataformas institucionales por parte del exgobernador suplente Wladimir Pleticosic. Se comprobó que utilizó cuentas oficiales del Gobierno Regional para promover su imagen personal durante periodo electoral.

"Nosotros en ese momento lo que quisimos hacer era darle un vuelco importante desde el punto de vista de las comunicaciones a lo que se estaba haciendo en el Gobierno Regional. Veníamos de un proceso bastante complejo en donde el GORE tenía poco y nada que mostrar y nosotros desde el punto de vista comunicacional decidimos dar a conocer a la ciudadanía lo que se estaba haciendo y lo hicimos con la participación de los consejeros regionales", apuntó Pleticosic.

El informe también expone fallas en el control interno relacionadas con el uso indebido de vehículos fiscales y falta de transparencia en obligaciones establecidas por ley. Además, cuestiona la actuación del encargado anterior de redes sociales del Gobierno Regional por utilizar recursos estatales para manejar redes personales.

Entre las acciones exigidas por la Contraloría destacan instrucción disciplinaria por situaciones irregulares, reintegro por pagos improcedentes y actualización urgente de manuales internos. En caso de incumplimiento se iniciarán exámenes detallados y aplicarán sanciones conforme a la ley.

El gobernador regional Cristóbal Juliá manifestó estar al tanto del informe e indicó estar trabajando activamente para subsanar las observaciones realizadas por Contraloría e implementar medidas para prevenir futuras irregularidades.

En resumen, el informe N° 968 revela no solo fallas administrativas sino un uso político inapropiado e inobservancia a principios básicos éticos. Este caso pone sobre la mesa la importancia crucial de instituciones sólidas y fiscalización efectiva en momentos donde se discute sobre autonomía regional.



Fuente: DiarioElDia Región

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