16 de mayo de 2025
En completo silencio arribó este viernes a la Fiscalía Regional de Coquimbo la exsenadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar como imputada por la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.
Puntualmente, al mediodía, la exlegisladora llegó al edificio del organismo persecutor, acompañada de su abogada, Paula Vial.
Pese a las consultas de los medios de comunicación apostados en el ingreso de la Fiscalía, Allende declinó referirse a la diligencia.
De todas maneras, desde su defensa han señalado que la exsenadora colaborará con la investigación.
Cabe destacar que el testimonio de Isabel Allende será clave para aclarar las participaciones de los involucrados y las responsabilidades de cada uno, por ejemplo, de su sobrina, la exministra de Defensa, Maya Fernández, y también el grado de participación del Presidente Gabriel Boric.
Por cierto, esta es la segunda vez que la exsenadora socialista es citada para que declare en esta investigación.
La primera fue enero, cuando fue llamada por el fiscal Cooper, donde hizo uso de su derecho a guardar silencio.
EL CASO
La crisis se remonta a fines de 2024 cuando el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la compra por 933 millones de pesos de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.
Esta operación requería la firma de contratos con la ahora exsenadora y también con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, ambas copropietarias del inmueble e impedidas entonces constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por ejercer cargos públicos.
"Jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, sostuvo Isabel Allende apenas trascendió la noticia.
La Fiscalía busca esclarecer si la histórica política, en su calidad de senadora, interfirió directa o indirectamente en un proceso que implicaba recursos públicos.
Tras un aluvión de críticas, el Gobierno frenó en enero la adquisición del inmueble, ubicado en la calle Guardia Vieja 392, en el barrio capitalino de Providencia, y pidió la renuncia de la entonces ministra de Bienes Públicos, Marcela Sandoval.
El escándalo, que remeció con fuerza al Partido Socialista, también le costó el cargo meses después a Maya Fernández, que abandonó el Ministerio de Defensa en marzo.
El nombramiento de Fernández se consideró simbólico por ser la nieta del presidente derrocado por los propios militares en el golpe de Estado de 1973.
El propio Boric, que en su calidad de Presidente de la República estaba eximido de ser citado a declarar, se presentó ante la Fiscalía, de forma voluntaria y presencial, el pasado 28 de marzo para dar su testimonio sobre el caso.
El mandatario ha insistido desde el inicio que el objetivo de la compra se ajustaba solo a "intereses patrimoniales" y ha defendido en todo momento "la integridad absoluta de la familia" del líder de la Unidad Popular.
Junto a la vivienda de Allende, el Gobierno también anunció la compra de dos propiedades en las que vivió el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), que lideró la transición chilena, un trámite que no despertó ninguna polémica y que sigue su curso con el objetivo de convertir las casas en museos.
Fuente: DiarioElDia Región