Lucía Pinto cambia arresto domiciliario por arraigo y firma mensual

La investigación conocida como “Papaya Gate”, uno de los mayores escándalos de la administración pública en la Región de Coquimbo, continúa avanzando en su etapa investigativa. En ese contexto, el tribunal resolvió modificar las medidas cautelares de una de las imputadas, la exintendenta regional Lucía Pinto, reemplazando el arresto domiciliario nocturno por firma mensual y arraigo nacional.

Desde la Fiscalía explicaron que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y que recientemente se solicitó una ampliación del plazo, la que fue acogida por el tribunal por 150 días. Según indicaron, esta extensión resulta necesaria debido a la gran cantidad de antecedentes que deben ser analizados, así como a las diligencias solicitadas tanto por las partes querellantes y las defensas como por el propio Ministerio Público. "El tribunal entendió esos fundamentos y acogió dicha petición", señalaron, precisando además que la modificación de cautelares afectó únicamente a Lucía Pinto.

Cabe recordar que en noviembre de 2025 la causa fue traspasada desde la Fiscalía Regional de Valparaíso a la Fiscalía Regional de Coquimbo, tras una decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia. En ese entonces, el Ministerio Público informó que la investigación quedaría a cargo del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC) de la región, por instrucción del fiscal regional Patricio Cooper. El proceso de entrega de antecedentes se extendió durante varios días debido a la complejidad del caso.

El denominado “Papaya Gate”, llamado así por haberse originado en la capital regional, se centra en la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. Los predios estaban destinados a la construcción de un centro deportivo para suplir la pérdida de la exCordep, donde actualmente se emplaza el nuevo hospital de La Serena. Sin embargo, la operación alcanzó un monto superior a los 9.800 millones de pesos, cifra que —según diversas pericias— representaría un sobreprecio considerable, ya que el valor real de los terrenos sería inferior a los 4 mil millones de pesos.

Tras años de investigaciones, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, el caso llegó a su formalización en mayo de 2025, luego de tres extensas jornadas de audiencia. En total, ocho personas fueron imputadas, entre ellas Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, quienes inicialmente quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El tribunal descartó la prisión preventiva y aplicó además firma mensual y arraigo nacional a cinco empresarios vinculados a delitos tributarios, mientras que uno de los ejecutivos quedó sin cautelares por falta de antecedentes que acreditaran participación directa.