La Varilla: radiografía del territorio desafiante al Estado

"La Varilla dejó de ser un problema exclusivamente comunal". Con estas palabras, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, resumió el escenario que enfrenta hoy uno de los asentamientos más grandes de la comuna. Mientras el municipio solicita una intervención del Gobierno y de las policías, Carabineros plantea la necesidad de un trabajo multisectorial y Bienes Nacionales reconoce que en el sector conviven familias con realidades completamente distintas. Sin embargo, para entender cómo este asentamiento, ubicado en las inmediaciones del cementerio de Las Compañías, llegó a convertirse en uno de los principales desafíos urbanos, sociales y de seguridad de La Serena, es necesario retroceder más de una década.

DE TERRENOS AGRÍCOLAS A UN ASENTAMIENTO

Mucho antes de que La Varilla apareciera en la agenda pública por hechos policiales o por el crecimiento de los campamentos, el sector estaba conformado principalmente por terrenos fiscales administrados por Bienes Nacionales. En esos predios se desarrollaban actividades agrícolas y pequeños emprendimientos familiares. Sin embargo, de manera paralela comenzaron a instalarse ocupaciones irregulares, principalmente en los terrenos cercanos al Cementerio de Las Compañías.

"Nunca permitimos que se instalaran personas en el lugar. De hecho, siempre estábamos limpiando y, si alguien se estaba como instalando, le sacábamos las construcciones que estaban haciendo y eso estaba controlado", afirma Pedro Valencia, exdelegado municipal de Las Compañías entre 2005 y 2012.

Pero cuando regresó al cargo en 2017, el panorama era completamente distinto. "Cuando volví estaba todo ocupado. Había un crecimiento enorme; el campamento ya tenía calles, organización, sede y se le estaba entregando agua potable", recuerda.

UNA EXPANSIÓN QUE NO DEJÓ DE CRECER

Con el paso de los años, el asentamiento continuó expandiéndose. Según Valencia, durante la pandemia el crecimiento fue aún mayor, especialmente con la llegada de nuevas familias, lo que obligó al municipio a asumir labores como la distribución de agua potable y el retiro de basura por razones sanitarias.

"Nunca el municipio hizo caminos o construyó infraestructura para consolidar el campamento. Lo que se hizo fue responder a una necesidad de salud pública", sostiene.

A juicio del exdelegado municipal, uno de los factores que permitió el crecimiento del asentamiento fue la falta de intervención temprana sobre los terrenos fiscales. "Si uno tuviera que encontrar un responsable, es el dueño del terreno. Bienes Nacionales debería haberse hecho cargo cuando la gente comenzó a instalarse y nunca lo hizo", sostiene.

Respecto a una eventual solución, Valencia advierte que el problema no puede abordarse únicamente desde la seguridad o un eventual desalojo. "Hay que abordarlo como un tema social. Hay muchas familias que llevan años viviendo ahí y no basta con sacar a una familia si después otra ocupa el mismo terreno", afirma.

LAS CIFRAS QUE AÚN NO COINCIDEN

Determinar cuántas personas viven actualmente en La Varilla sigue siendo uno de los principales desafíos. La Unidad de Asentamientos Precarios del Serviu informó que el último catastro disponible corresponde a 2022, cuando se contabilizaron 261 familias, equivalentes a 475 personas.

"Existen personas que han normalizado su situación a través de arriendos productivos... explicó la seremi de Bienes Nacionales, Gloria Paredes."

Desde Carabineros también reconocen la dificultad para establecer un número definitivo. "Ese sector nunca ha sido censado en su totalidad", señala el comisario Richard Martínez.

UN TERRITORIO CON DISTINTAS REALIDADES

Aunque habitualmente se habla de La Varilla como un solo campamento, las autoridades coinciden en que el sector reúne distintas realidades. En el lugar conviven familias con arriendos productivos regularizados por Bienes Nacionales, pequeños agricultores, campamentos conformados por familias que esperan una solución habitacional y ocupaciones ilegales consolidadas con el tiempo.

Esa diversidad explica la complejidad de cualquier intervención y obliga a diferenciar la situación de quienes cuentan con algún grado de regularización respecto de quienes ocupan terrenos fiscales ilegalmente.

Fuente: DiarioElDia Región