Ciberinteligencia: clave para cumplir ley ciberseguridad en Chile

Una cuenta regresiva silenciosa está corriendo dentro de las áreas de seguridad de las grandes empresas chilenas. Con la entrada en vigencia del Decreto 295, que reglamenta el reporte de incidentes de acuerdo con la Ley Marco de Ciberseguridad (21.663), los operadores de importancia vital (OIV) y los prestadores de servicios esenciales (PSE) están obligados a emitir una alerta temprana a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) dentro de las tres horas de conocido un incidente, con actualizaciones a las 24 o 72 horas, un plan de acción a los siete días y un informe final a los quince. El incumplimiento no es un tema menor: expone a sanciones y, sobre todo, a la interrupción de servicios críticos para el país.

El desafío es que ese reloj regulatorio choca de frente con una debilidad estructural del sector. Según el reporte State of Threat Management de Filigran (2026), el 93% de las organizaciones tiene dificultades para mantener una vista precisa y actualizada de su superficie de ataque, y apenas el 41% cuenta con una visión consolidada de su exposición al riesgo. Dicho de otro modo: nueve de cada diez empresas no saben con certeza por dónde pueden ser atacadas. Difícilmente se puede reportar en tres horas un incidente que la organización tarda días en siquiera detectar.

La paradoja se profundiza cuando se mira el uso de la información. Prácticamente todas las empresas (99%) ya consumen inteligencia de amenazas —en promedio, de catorce fuentes distintas—, pero solo el 45% la tiene integrada y operacionalizada. El resto acumula datos que nadie alcanza a convertir en decisiones. El costo de ese ruido es concreto: los analistas dedican cerca del 42% de su jornada —unas diecisiete horas a la semana— a investigar alertas que terminan siendo de baja prioridad o falsos positivos, mientras el 97% reconoce que no logra determinar si una exposición es realmente explotable.

Es en ese punto donde la ciberinteligencia deja de ser un concepto técnico y pasa a ser una condición de cumplimiento. No se trata de comprar más herramientas ni más fuentes de datos, sino de operarlas: correlacionar lo que ocurre dentro de la organización con el contexto de amenazas externo, para saber qué importa, priorizarlo y actuar dentro de los plazos que hoy exige la ley. Sin esa capa operativa —personas, procesos y monitoreo continuo—, la inteligencia de amenazas es información que se archiva, no defensa.

El mercado ha empezado a moverse en esa dirección. Un ejemplo reciente es la integración que la firma chilena NIVEL4 anunció con Wazuh, plataforma de código abierto de gestión de eventos (SIEM) y detección y respuesta extendida (XDR), para sumar a sus servicios funciones de correlación de eventos, monitoreo de endpoints, detección de vulnerabilidades y reportería orientada al cumplimiento.

“Compartimos con Wazuh la visión de ofrecer operaciones de seguridad abiertas y escalables”, señaló Fernando Lagos, CEO de la compañía, quien apunta a “detectar amenazas oportunamente, responder de manera más eficiente y entregar una visión más completa del estado de seguridad de las organizaciones”. La empresa presta servicios de detección y respuesta gestionada (MDR), SOC virtual y respuesta a incidentes a sectores como el financiero, retail e infraestructura crítica en Chile, Perú y Colombia.

Casos como ese ilustran una tendencia subyacente: en un escenario donde la regulación fija plazos en horas y las amenazas se cuentan por miles, la ventaja competitiva —y el cumplimiento— dependen menos del arsenal tecnológico disponible y más del nivel operativo. La ciberinteligencia, hasta hace poco un diferenciador, empieza a volverse un requisito básico.