Claudio Crespo denuncia supuesta subvención en protestas de 2019

Claudio Crespo, exoficial de Carabineros absuelto en el caso Gatica, compareció ante la cuarta sesión de la comisión investigadora por el estallido social en el Congreso Nacional.

Durante su intervención, el exteniente coronel presentó una tesis que desafía la percepción de un movimiento autoconvocado, argumentando que los sucesos de 2019 contaron con un respaldo logístico y financiero. Según sus palabras, “aquí hubo una subvención, una planificación y una organización”.

Crespo afirmó ante los legisladores que los eventos posteriores al 18 de octubre no se asemejaban a las manifestaciones violentas previas. Sostuvo que “el estallido no fue algo espontáneo, fue algo organizado, subvencionado”, detallando la entrega de alimentos y materiales peligrosos a los manifestantes para mantener las protestas en el centro de Santiago.

En su testimonio, mencionó la distribución de bombas molotov y estimó entre 200 y 300 unidades, lo cual implicaba un costo económico considerable. Para Crespo, esto reflejaría una “intencionalidad de botar un gobierno democráticamente electo”. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado judicialmente una intervención extranjera ni una financiación masiva a los manifestantes.

El exoficial sugirió la posible participación de actores externos, haciendo referencia a declaraciones políticas venezolanas. En este sentido, señaló que “varios actores de la izquierda chilena estuvieron en Venezuela en ese entonces”, recordando expresiones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sobre una presunta “brisa bolivariana”.

Además, Crespo atribuyó responsabilidades políticas a las autoridades actuales, apuntando directamente al Presidente Boric. Según él, “el mismo presidente Boric también estuvo en Plaza Italia varias veces, criticó el accionar de los militares, de los carabineros, querían refundar a Carabineros”, lo que habría contribuido a la violencia política en ese momento.

En otro aspecto de su exposición, respaldó la Ley Naín-Retamal, argumentando que esta normativa “vino a hacer algo de justicia” para los funcionarios en servicio activo. Asimismo abogó por una ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que otorgue amplias atribuciones al personal policial para evitar que asuman individualmente las consecuencias de sus acciones.

Finalmente, abordó los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y los querellantes tras su absolución en el caso Gatica. Crespo consideró esta acción como parte del proceso penal y expresó sorpresa por la participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), reiterando que durante el juicio se demostró que fue el Estado quien falló en los protocolos y no los funcionarios involucrados.